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Tres escándalos sacuden esta semana al gobierno de Obama y desmienten sus promesas de transparencia en el gobierno y protección de la libertad de Prensa.
Benghazi
Maureen Dowd del New York Times resume la información de las audiencias del Congreso sobre el ataque a
la embajada de EEUU en Benghazi el 11 de septiembre del 2012en su
columna del domingo pasado. Lo hizo con palabras que sorprenden, tratándose de una Clase Blanca demócrata y del NYT.
After his Libyan intervention, President Obama knew he was sending
diplomats and their protectors into a country that was no longer a
country, a land rife with fighters affiliated with Al Qaeda. / Tras su intervención en Libia, el Presidente Obama sabía que enviaba diplomáticos a un país que ya no era país, un territorio plagado de combatientes de Al Qaeda. (énfasis nuestro)
Dowd presenta un cuadro de facciones demócratas motivadas sólo por su futuro electoral e incapaces de actuar en consideración de la vida y seguridad de quienes tienen a su mando. Se refiere a las facciones de Obama y Hillary, a la reelección presidencial de noviembre pasado y a una candidatura Clinton por el ticket demócrata para el 2016. Luego de Benghazi y el fiasco de encubrimiento, las posibilidades de Hillary se esfuman.
El IRS como útil de persecución política
En el fin de semana pasado se conoció de un nuevo escándalo del gobierno de Obama. El Servicio de Rentas Internas (IRS) ha sido usado como instrumento de persecución política contra grupos desafectos a las políticas de gobierno, principalmente los grupos de tea-party (conservadores fiscales) y conservadores constitucionales.
ProPublica confirma que el IRS le pasó documentos confidenciales de grupos que aun no habían sido aprobados como organizaciones exentas. El
informe del Inspector General de la Tesorería para Asuntos Contributivos revela el uso de criterios ilegales para someter las solicitudes de estos grupos a escrutinio extraordinario. El
IRS requirió de los grupos bajo escrutinio información como listas de donantes, minutas desde inicios de la organización, literatura usada por los grupos, conexiones con otros grupos y personas y entradas en blogs y redes sociales. En una ocasión, el
IRS requirió a un grupo de educación en filosofía conservadora los nombres de estudiantes a los que había instruido. Las comunicaciones dirigidas a los grupos advertían sobre el riesgo de penalidades por perjurio. US Today
reporta que en el mismo período en que se investigaron y detuvieron las solicitudes de grupos que parecían adversos al gobierno actual, el IRS aprobó cientos de solicitudes de grupos de nombre de apariencia liberal. En el caso de la organización caritativa Barack H. Obama Foundation dirigida por el medio hermano del Presidente, el IRS aprobó la solicitud en menos de un mes con carácter retroactivo.
Persecución de periodistas
Esta semana culmina en más desatinos y violaciones constitucionales con el escándalo de espionaje del Departamento de Justicia a la agencia de noticias Prensa Asociada (AP). Un
artículo de 2012 sobre un frustrado ataque terrorista en Yemen que habría explotado un vuelo comercial hacia EEUU ha sido usado como pretexto para ordenar una investigación criminal y el registro de 20 líneas telefónicas utilizadas por periodistas de AP. El registro incluyó los números de teléfonos de trabajo y de hogares, incluyendo los de de cinco reporteros: Matt Apuzzo, Adam Goldman, Kimberly
Dozier, Eileen Sullivan y Alan Fram y el editor, Ted Bridis quienes colaboraron en el artículo del 7 de mayo de 2012. Los records telefónicos bajo supoenas de Justicia se originaron en New York, Washington y Hartford, Conn. y en las líneas principales de los reporteros de AP en la Cámara de Representantes. El artículo menciona que AP tuvo información del frustrado complot la semana anterior a la publicación del artículo pero accedió, a pedidos de Casa Blanca y de la CIA, a demorar su publicación hasta que la operación de inteligencia culminara. Una vez que esta preocupación se había disipado, AP decidió publicar el artículo ese lunes, a pesar de la petición de Casa Blanca de esperar por el anuncio oficial el martes siguiente. Ese mismo martes el Los Angeles Times, el
New York Times y otros medios reportaron que el supuesto atacante arrestado era un doble agente saudí que huyó de Yemén antes de entregar un alegado ingenioso artefacto explosivo- indetectable por la seguridad de aeropuertos- a operativos de inteligencia americana. El doble agente, según se alega, también entregó información de operativos y recursos de la filial de Al Qaeda en Yemén que condujeron a la ejecución por drone de
Fahd Mohammed Ahmed al-Quso buscado por el FBI en relación al ataque del USS Cole en el 2000 y nombre incluido en el kill list de Obama.
El Secretario de Justicia,
Eric Holder, se defiende alegando que el artículo reveló secretos de estado y puso en riesgo a informantes de la CIA. Lo ha calificado como uno de las filtraciones más serias en su carrera de 35 años. El ejecutivo principal de AP,
Gary Pruitt ha respondido las alegaciones de Holder señalando la falta de justificación para el extenso registro de comunicaciones telefónicas de AP y sus reporteros. Pruitt apunta que los records obtenidos por Justicia pueden revelar las fuentes confidenciales de una amplia gama de actividades de investigación de noticias de AP durante el período de dos meses y divulgar información de las operaciones de AP que el gobierno no tiene derecho a conocer bajo ningún pretexto.
AP añade que, en el pasado, los fiscales de Justicia han procurado los records telefónicos de reporteros, pero el embargo de expedientes de una gran cantidad de oficinas de AP, incluyendo cuadros telefónicos y una línea de fax empleada por todo el personal, sienta precedente.
El escándalo ha conmovido a los principales medios, incluyendo a sectores simpatizantes con las políticas de Casa Blanca. En una
carta al Secretario Holder y al Depto. de Justicia, la coalición de medios Reporters Committee for Freedom of the Press protesta la acción contra AP e incluye una lista de violaciones a las leyes y reglamentos que rigen la intervención del gobierno con la actividad de prensa protegida por la Primera Enmienda. La coalición exige que el gobierno devuelva los records obtenidos, elimine cualquier copia y explique cómo los fiscales de Justicia llegaron a justificar la acción. Exige también que Justicia informe de qué forma mitigará el daño infligido y que revele si ha existen otros supoenas de records de Prensa pendientes de ejecución. Carl Bernstein, una leyenda del periodismo de investigación
fustiga la acción de Justicia. Obama crea un vacío de gobierno, observa Dana Milbank
del Washington Post, al intentar defenderse diciendo que la información que tiene es la que se recibe por prensa y que la Casa Blanca no está involucrada en las decisiones del Departamento de Justicia o de otros titulares de su Gabinete. Mientras el New York Time escribe en un
editorial que no le convencen las alegaciones de Justicia, a Obama se le comienza a nombrar con el
mote del
Presidente Espectador.
Jon Stewart se une a los que denuncian los abusos de autoridad por el IRS y el Departamento de Justicia.
