Secretario del DTOP amedrenta a quienes hacen pública información en poder del Estado

Secretario del DTOP amedrenta a quienes hacen pública información en poder del Estado

Según informaron ayer los diarios puertorriqueños, el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Carlos González, amenazó con tomar represalias contra quienes “filtraron” la información sobre los dos cheques que emitió el Departamento de Hacienda a nombre de la Sra. Ivette León León, declarante en el documento que pone en duda que la esposa del candidato a la gobernación por el PNP, Luis Fortuño, rindiera servicios para SDA Global. Según El Vocero, González “[a]dvirtió que ordenó una investigación administrativa para fijar responsabilidades sobre las personas que entregaron copias de los cheques a personas fuera de Hacienda. ‘La persona que irresponsablemente difundió esta información falsa tendrá que asumir las consecuencias por sus maliciosas y oscuras intenciones que no tienen cabida en esta agencia’, manifestó.”

Es decir, una vez más un funcionario de la administración de Aníbal Acevedo Vilá utiliza su puesto y la maquinaria gubernamental para intentar reprimir a quienes cuestionan la forma en que el partido gobernante maneja los asuntos públicos. Este modo de operar es similar al denunciado por En el país de los ciegos… cuando el secretario del Departamento de Educación, Rafael Arangunde intentó ejecutar el plan de la administración de AAV para eliminar a la Federación de Maestros—una de sólo dos uniones de trabajadores que denunció que el cierre patronal de las agencias de gobierno en 2006 no fue más que una estrategia del gobernador para usar los empleos de los servidores públicos como balón de chantaje para imponer el famoso IVU—y remplazarla por un sindicato dispuesto a operar como marioneta de su gobierno. (Claro, con la victoria del NO en las elecciones sindicales en Educación el tiro parece haberle salido por la culata.)

A tono con ese modo de operar, ayer el Secretario del DTOP lanzó amenazas públicas contra personas que lo que hicieron fue hacer pública información que debe estar disponible para la ciudadanía de todos modos. Ello es consistente con lo que expresó el Tribunal Supremo de PR en 1982 (Soto v. Secretario de Justicia) a los efectos de que, como corolario del derecho a la libre expresión consagrado en la Sección 4 del Artículo 2 de la Constitución del ELA, se presume que el público tiene derecho a examinar y tener conocimiento sobre el contenido de los documentos en poder del Estado. (Ese es el estado de Derecho vigente a pesar de que en los casos más recientes ese Tribunal ha fallado en proteger ese derecho.) Lógicamente, como expresó el Supremo en Soto, sin acceso a información en poder del gobierno, el ciudadano no está en posición adecuada de juzgar los asuntos públicos. ¿Acaso el pueblo no tiene derecho a saber a favor de quién se emiten cheques de cuentas del gobierno? ¿Y acaso conocer el contenido de documentos que aclaren cuál, si alguno, es el vínculo entre el gobierno y una persona que lanza alegaciones contra el candidato del principal partido de oposición al puesto más alto de la rama ejecutiva del gobierno de PR no es importante para el derecho de los constituyentes a evaluar este asunto?

Yo no sé quién dice la verdad en esta controversia. Lo que sí sé es que la ciudadanía tiene derecho a enterarse de todos los pormenores relevantes para evaluar las alegaciones que se hacen y ello incluye tener acceso a cualquier documento que sugiera o desmienta la existencia de vínculos entre el gobierno de AAV y la persona que bajo juramento hace declaraciones que, según el partido que controla la rama ejecutiva, deben perjudicar las aspiraciones del principal candidato de oposición. En ese contexto es evidente que la amenaza del Secretario de DTOP (quien es un subordinado del gobernador) es un intento por utilizar la maquinaria del Estado para excluir de esa evaluación información que está en manos del gobierno. Ello en contravención a los más fundamentales principios constitucionales diseñados para proveer a la ciudadanía la información necesaria para ejercer de forma efectiva sus derechos políticos.