La publicación de documentos secretos por Wikileaks sobre las discusiones del tratado comercial TISA que se tienen a puertas cerradas ha develado una conspiración de los bancos internacionales para eliminar la reglamentación bancaria a través del mundo. El tratado TISA se negocia desde hace dos años y, según acuerdos, sus términos no debían ser de público conocimiento hasta pasado los cinco años de su firma.
De entrar en vigor, este sistema de cercamientos de mercados impondrá a los gobiernos participantes un rígido sistema internacional de leyes corporativas diseñado para la protección del interés de las transnacionales al relevarlas de riesgos financieros y de responsabilidad social y ambiental. En virtud de una de las cláusulas incluida en el borrador del acuerdo, la inversión de una trasnacional quedaría respaldada por los gobiernos (es decir, los contribuyentes). Se trata de un esquema "too big to fail" a una escala inimaginable.
De acuerdo al borrador obtenido y publicado por Wikileaks, el acuerdo persigue:
- Asegurar la privatización de servicios. Aun en casos cuando la privatiación de un servicio haya resultado en un servicio deficiente, un gobierno no podría devolver las utilidades públicas (electricidad, agua, telefonía), los servicios de salud, la educación u otro servicio al dominio público.
- Restringir la autoridad de los gobiernos para establecer estándares de servicio en el interés público. Esto afectaría la reglamentación ambiental, las licencias a instalaciones de salud y laboratorios, centros de disposición de desperdicios, plantas eléctricas, acreditación a escuelas y universidades y licencias de trasmisión por radio o TV.
- Limita la capacidad de los gobiernos a reglamentar la industria de servicios financieros, precisamente cunado la economía global aun se recupera de la pasada crisis precipitada por la deregulación de la industria.
Según comenta, David Malone, autor de Debt Generation los "dientes" de acuerdos como TISA es la inclusión de una cláusula de "arreglo de disputas entre inversionistas y estados", la que hará posible que una empresa privada demande a toda la nación, si considera que una ley aprobada causa pérdida en sus inversiones. (Adios política pública económica, uno de los fundamentos del estado civil moderno.) Las disputas contra país no serían llevadas en un proceso judicial, ni habría juez o jurado. Serían adjudicadas por paneles de arbitraje de tres arbitros: uno en representación de la empresa, otro en representación del país y un presidente escogido por los primeros dos árbitros. Ninguno tendría experiencia judicial, sino que serían individuos privados probablemente asociados en algún momento de sus carreras con las grandes firmas internacionales de Derecho corporativo. Acturarían sin transparencia y fuera del escrutinio público. Los arbitros podrían actuar a puerta cerrada sin siquiera tener que informar al público que su país ha sido llevado a proceso de arbitraje.
Este sistema de adjudicación de controversias en que sólo las empresas pueden demandar y sólo los gobiernos pueden ser demandados favorecerá el interés corporativo y servirá de caldo de cultivo a la corrupción de ambiciosos abogados corporativos para los que la Constitución es un estorbo a los intereses de sus clientes. Se trata de la liquidación de las tradiciones constitucionales de la modernidad y la usurpación de los derechos democráticos de las mayorías. Tres individuos privados tendrán poder para revisar las acciones de gobiernos electos por sufragio universal y las leyes y reglamentos aprobados por sus parlamentos y asambleas legislativas... sin restricción de reglas o procedimientos apelativos.
Estamos a un plumazo de la instauración de una corporatocracia mundial, el nuevo imperio mundial.
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