Un regalo del Presidente en el Año Nuevo

Obama firma  la ley que autoriza el arresto indefinido de ciudadanos de EEUU. 

Barak Obama, el candidato presidencial de la esperanza y el cambio que se presentó como la alternativa a la guerra y a la destrucción de las libertades civiles bajo Bush-Cheney y el infame Patriot Act, el candidato que supo atraer la buena voluntad de votantes de todos los partidos y persuasiones ideológicas, el talentoso profesor afroamericano de derecho constitucional, acaba de firmar una nueva ley de gasto de Defensa que incluye provisiones para el arresto indefinido de ciudadanos sin el debido proceso de ley.

Truthout

La ley nació en el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado que es controlado por los demócratas y de la pluma del demócrata Carl Levin y el republicano John McCain.  La misma autoriza al ejecutivo a que si existe sospecha  de que alguien es miembro o parte de al-Qaida o de "fuerza asociada" se le le ponga bajo custodia militar "sin juicio hasta el fin de hostilidades" autorizadas mediante una Autorización para Uso de Fuerza Militar".  Según el itinerario de la actual Autorización para el Uso de Fuerza Militar contra Terroristas, dichas hostilidades terminarían el viernes después de nunca. Un grupo significativo de senadores temieron que la ley fuera usada contra ciudadanos e intentaron una enmienda que excluyera las detenciones en territorio de EEUU, la que fue derrotada por un margen de diez votos.  En una fiel imitación del estilo de chantaje terrorista de Dick Cheney, el presidente del Senado, Harry Reid defendió la medida contra detractores como el senador libertario Randy Paul, quien había logrado detener la medida.


La ley hace poco sentido como arma contra el terrorismo cuando se considera que Osama bin Laden, líder ideológico de Al-Qaida fue descubierto y muerto en un operativo de EEUU y que el Secretario de Defensa, Leon Panetta ha declarado que la organización está al borde del colapso pendiente de la liquidación de una dozena de operativos. La ley permite que a los detenidos  se les niegue acceso a los tribunales de justicia criminal.  Cero debido proceso y cero Sexta Enmienda ni Enmienda 14 si el Presidente alega que usted es sospechoso no importa que no exista prueba válida en un tribunal.  El primer presidente negro de EEUU acaba de liquidar de un plumazo un avance constitucional que costó a los americanos una guerra de independencia en el siglo 18 y un sangriento conflicto civil casi un siglo después. 

Algunos analistas interpretaron que la ley representa un intento del Congreso por recuperar su autoridad respecto a los asuntos de detención.  Al contrario, Naomi Wolf escribe, los congresistas juegan con fuego y podrían correr la suerte de otros parlamentarios en la historia cuando los militares han adquirido el poder de arrestar civiles.  La guerra contra el terrorismo ha sido una excusa para intervenir y ocupar países del Medio Oriente y, recientemente, Africa, sirviendo a servir los intereses financieros globalistas y a la industria de guerra.  En la presente crisis económica podría servir como medida de terror oficial contra la movilización y protesta de sectores ciudadanos.  En Londres, por ejemplo, un memo de la policía clasifica a los manifestantes del movimiento Occupy como terroristas, junto a Al Qaida y la FARC. 


Casa Blanca objetó la primera versión del Senado y la Cámara a base de que disminuía la autoridad presidencial. Algunos grupos de derechos civiles pensaron que era posible eliminar de la ley ciertas provisiones respecto a la detención indefinida, particularmente en lo que respecta a los ciudadanos y que Obama vetaría la ley si no se excluía a los ciudadanos.  Pero el propio autor de la ley Carl Levin reveló se encargó de aclarar que fue Obama el que exigió se eliminara el lenguaje en el proyecto que podría interpretarse para excluir a ciudadanos del poder otorgado al ejecutivo.  Este mes los asesores de Presidente anunciaron que la versión del comité de conferencia de ambas cámaras contenía lenguaje que no retaba o limitaba la autoridad presidencial, por lo que no aconsejarían a Obama a vetar el proyecto. En resumen, las objeciones de Casa Blanca no fueron motivadas por el celo por las libertades civiles y el orden constitucional que juramentó defender Obama al tomar posesión del cargo de Presidente, sino por el interés de preservar y aumentar la autoridad presidencial aun a costa de la erosión de los derechos ciudadanos, como ha venido ocurriendo con mayor dramatismo desde Bush-Cheny y el Patriot Act.

Nadie reconocería al Obama de la campaña de la esperanza en el Presidente que firma ahora esta ley.  En aquel entonces cuando hacía la crítica   a la política exterior de Bush, el candidato Obama destacaba de la importancia de los principios éticos: 

 "It's time to reject the counsel that says the American people would rather have someone who is strong and wrong than someone who is weak and right,"  (Es hora de rechazar el consejo de quienes dicen que el pueblo americano prefiere a líderes fuertes aunque equivocados y no a líderes débiles y correctos.)

No obstante, en sus tres años como incumbente, Obama ha querido parecer estar con Dios y con el diablo y, más que nada, con sus intereses de reelección:  “My administration will not authorize the indefinite military detention without trial of American citizens..." (Mi administración no autorizará la detención militar indefinida sin proceso judicial de ciudadanos americanos), ha dicho al firmar la desgraciada ley que autoriza las detenciones indenfinidas.  Quizá su administración no lo haga, pero Obama acaba de convertir en su legado una ley que le autoriza a él y a futuros incumbentes a usar el poder del Presidente para descartar derechos ciudadanos fundamentales.  Quiza de lo que se trata es de que a Obama no le agrada que el Congreso codifique el poder de detención del gobierno y que éste quede sujeto a futuras enmiendas congresionales, porque lo cierto es que Obama es ya responsable de ejecuciones extra judiciales de ciudadanos y, además, ha reclamado el privilegio de secreto de Estado para no informar al respecto.

Repliegues como éste en el estatus de los derechos ciudadanos suelen producir un ambiente de intimidación política desfavorable al progreso de las sociedades.  El ambiente de restricciones a las libertades ciudadanas y constitucionales han logrado penetrar en los tiempos posteriores al 9/11 al punto que hasta una organización pionera y consecuente en la defensa de las libertades civiles como la ACLU ha sido objeto de crítica por ceder ante la presión del gobierno federal y participar de la repugnante práctica de  listas negras para no perder acceso a fondos públicos.


El constitucionalista Jonathan Turley lamenta que la llegada del 2012 marcá el momento en la historia en que EEUU adopta un sistema de gobierno autoritario.  Turley nos deja con una nota optimista sobre la posibilidad de un movimiento para la recuperación de los derechos ciudadanos.  Parece que el estado de Montana podría sentar el ejemplo con la creación de un movimiento para destituir a los congresistas del estado que votaron a favor de esa ley, traicionando el juramento que tomaron antes sus constituyentes.