Julian Assange, recibió el premio Sam Adams en Londres. Mientras se encontraba en la ciudad, su rostro hizo la portada de la revista Time. Hace días fue arrestado siguiendo una petición del gobierno de Suecia al Reino Unido a través de la Interpol. La policía lo llevó ante un juez que le negó libertad bajo fianza y ordenó su encarcelamiento. El portavoz de WikiLeaks anuncia que peleará contra su extradición a Suecia. Assange no ha sido acusado de delito. Se le busca para interrogarlo en relación a una investigación de la justicia sueca por alegaciones de dos mujeres con quien, según ellas misma admiten, tuvo relaciones consensuales durante una visita de días a Suecia. La información encontrada describe un episodio de venganza de dos groupies que se sintieron traicionadas románticamente por Assange y, puede argumentarse, una imprudencia suya que ha venido como anillo al dedo a los enemigos de WikiLeaks.
En agosto pasado, fracasó el primer intento de acusar a Assange de violación y las autoridades archivaron los cargos. Entonces vino la publicación de los Papeles de Estado (Cablegate) y las revelaciones de que Wikileaks posee miles de documentos que, de hacerse públicos, pondrían en aprietos a los grandes bancos y, particularmente, al Bank of América. Se desató la cacería humana, paralela a los esfuerzos por ahogar financieramente y expulsar del ciberespacio a la organización. Las mujeres en cuestión no le acusan de violación, como han insinuado o falseado algunos medios, sino de negarse a utilizar un profiláctico y de sostener actitudes particulares hacia las mujeres. Un abogado de Assange dice que los suecos están improvisando motivos y excusas para condenar a Assange. La detención de Assange se realiza conforme a acuerdos entre países de Europa, sin que ello asegure que finalmente sea acusado formalmente de delito en Suecia. Existe la posibilidad de que una vez en Suecia, EEUU solicite la extradición de Assange para juzgarlo por crímenes bajo la Ley de Espionaje, aunque Assange no es ciudadano americano, o traerlo como testigo material en el proceso judicial contra Manning, el joven militar acusado de revelar los documentos confidenciales de Iraq y Afganistán. Mientras tanto, el arresto del cofundador de WikiLeaks, Julian Assange sirve de cortina de humo para confundir la discusión en torno a las revelaciones contenidas en los cables de la diplomacia de EEUU.
Documentos no publicados antes del cablegate revelan los esfuerzos sostenidos de oficiales de Bush para descarrilar investigaciones sobre tortura realizadas en ultramar y el afán con que la administración Obama resumió la faena.
Un cable de la embajada de EEUU en Berlín (2007-02-06) revela que John M. Koenig, principal funcionario de la embajada advirtió a Rolf Nikel, sub asesor en seguridad nacional de Alemania que "la emisión de ordenes de arrestos internacionales tendría impactos negativos" en las relaciones bilaterales entre los dos países. Koenig también recordó al funcionario de "los efectos sobre las relaciones entre EEUU e Italia luego de una movida similar por las autoridades italianas un año antes". Tribunales en Italia y Alemania se proponían procesar a trece agentes de la CIA involucrados en el secuestro y tortura de Khaled El-Masri, un ciudadano alemán detenido por error y a quien se le confundió con otra persona y fue enviado a una prisión secreta en Afganistán. (Más tarde, un tribunal italiano condenó en ausencia a 22 agentes de la CIA y a un militar de EEUU por el secuestro y tortura de Abu Omar. Uno de éstos reconoció su responsabilidad).
Otro cable, fechado el 17 de abril del 2009 desde Madrid, revela cómo "oficiales de EEUU manipularon a funcionarios españoles para suprimir una investigación de seis oficiales del gobierno de Bush: el Fiscal General Alberto Gonzales; David Addington, jefe del personal del vice presidente Dick Cheney; William Haynes, consejero general del Pentágono; Douglas Feith, subsecretario de Defensa; Jay Bybee, director de la Oficina de Asesoría legal del Departamento de Justicia, y John Yoo, oficial de la Oficina de Asesoría Legal. Los seis abogados eran investigados por "crear el marco legal para permitir la tortura". El cable revela, para sorpresa de todos, que en abril 15 el senador republicano Mel Martínez fue recultado para asistir a una reunión entre la embajada de EEUU y Angel Lossada, ministro interino de relaciones exteriores de España. Durante la ocasión se utiliza el mismo lenguaje descrito en el cable de la embajada en Berlín del 2007, haciendo "énfasis en que los enjuiciamientos no serían entendidos ni de la aceptación de EEUU y resultarían en enorme impacto en las relaciones bilaterales". Lossada respondió que su gobierno usaría todas las herramientas legales apropiadas en el asunto y que advertiría al fiscal general de España que la posición oficial del gobierno era contraria a la de la Corte Nacional. Al día siguiente de la reunión el fiscal general Cándido Conde-Pumpido dijo públicamente que los fiscales no avalarían la querella criminal por ser de naturaleza fraudulenta. Como reporta David Corn en Mother Jones, a pesar de los esfuerzos de la embajada de EEUU, el Juez Garzón insistió en continuar la investigación. Entonces enfrentó acusaciones de prevaricación por intentar la investigación de crímenes bajo el período franquista y la investigación se le asignó a otro juez, en cuyas manos ha ido muriendo poco a poco.
La hipócrita violación de tratados internacionales
Otra de las revelaciones de los Papeles de Estado es el pacto secreto entre el gobierno de Gordon Brown del RU y EEUU para que el primero maniobrara para permitir el almacenamiento de bombas de ramilletes proscritas por un tratado internacional en el que el RU es signatario. El cable de la embajada data de mayo del 2009, en la cúspide de la administración Obama.
Dick Cheney acusado criminalmente en Nigeria
Una importante noticia que también pasa desapercibida en medio del arresto de Assange es la de que un tribunal de Nigeria ha emitido cargos criminales contra el ex vicepresidente Dick Cheney por participar de un operativo de soborno de oficiales del país de la multinacional Halliburton.
ULTIMAS: Anna Ardin, una de las mujeres en la acusación contra Assange, ha dejado de cooperar con las autoridades suecas en la investigación.
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