La juez Sotomayor, el Derecho internacional y comparado, y la batalla por la silla del juez Souter El uso del Derecho internacional y foráneo como fuentes persuasivas para interpretar disposiciones constitucionales por parte del Tribunal Supremo de EEUU data de los tiempos de la presidencia del juez John Marshall (1801-1835). No obstante, el uso de éstos en la interpretación constitucional se ha vuelto sujeto de controversia en años recientes. Originalmente el Supremo recurría a estas fuentes para interpretar partes de la Constitución relativas a los aspectos estructurales del gobierno federal. Ha sido sólo en décadas recientes que algunos jueces del Supremo han hecho uso del Derecho internacional y foráneo para ampliar el alcance de los derechos civiles de la Constitución federal.
La controversia sobre el asunto se presentó de lleno en el seno del Supremo en 1999 en un intercambio entre los jueces Stephen Breyer y Clarence Thomas en el poco conocido caso Knight v. Florida—litigio en el que se cuestionaba, a la luz de la prohibición de los castigos crueles e inusitados, la constitucionalidad de la ejecución de un convicto que había permanecido en prisión por casi 20 años. El juez Breyer disintió de la decisión del Supremo de no atender la petición de revisión y en su opinión disidente citó opiniones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de tribunales de Jamaica, Zimbabue e India. Breyer expresó que “[a] growing number of courts outside the United States—courts that accept or assume the lawfulness of the death penalty—have held that lengthy delay in administering a lawful death penalty renders ultimate execution inhuman, degrading, or unusually cruel.” Tres años más tarde, en Foster v. Florida, Thomas resumió su oposición a ese enfoque judicial cuando en una nota al calce expresó que “while Congress as a legislature may wish to consider the actions of any other nation on any issue it likes, this Court’s Eighth Amendment jurisprudence should not impose foreign moods, fads or factions on Americans.” A pesar de la oposición de algunos jueces del Supremo, el uso de fuentes internacionales y foráneas para adjudicar controversias constitucionales se ha seguido afirmando, como lo ejemplifican las decisiones de Lawrence v. Texas (2003) y Roper v. Simmons (2005).
En su edición de hoy, El Nuevo Día comenta algo que desde hace años se conoce en la comunidad de juristas: que la juez Sonia Sotomayor “[f]avorece que se utilicen las leyes internacionales como marco de referencia y como parte del proceso amplio de reflexión de las cortes de Estados Unidos porque ‘la consideración de ideas no tiene fronteras’”. Diálogo Digital informa de una reciente charla de Sotomayor auspiciada por la American Civil Liberties Union en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, en la que la juez expresó:
Las expresiones de Sotomayor sugieren su afinidad con la teoría del “transnational legal process” articulada, entre otros, por el decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Yale, Harold Hongju Koh, cuyo nombramiento por el presidente Obama como asesor legal del Departamento de Estado está pendiente de confirmación por el Senado. Por lo tanto, que la juez Sotomayor sea una de las candidatas del presidente Obama para el Tribunal Supremo de EEUU significa la posibilidad de solidificar el bloque de ese Tribunal que favorece el uso de fuentes internacionales y extranjeras en la adjudicación constitucional estadounidense. Algunos comentaristas han destacado que, si bien es cierto que el juez David Souter se unió a la mayoría en Lawrence y en Roper, éste juez fue menos activo en el uso de esta metodología por lo que su retiro puede significar un cambio significativo en cuanto al uso de fuentes del Derecho internacional. La posición de Koh respecto al uso de fuentes internacionales ha sido, precisamente, la principal argumentación de algunos congresistas contra su nombramiento y, probablemente, proveerá la base de la oposición al nombramiento de Sotomayor. Es probable que en cuanto al nombramiento de Koh, sus detractores no ofrecezcan gran batalla. A pocas personas les resulta de poca importancia un asesor legal del Departamento de Estado. Otra cosa es el poder del Supremo con su gran simbolismo y relevancia política. En vista de ello, podemos anticipar que los que se oponen al internacionalismo judicial se preparan para ofrecer una tenaz resistencia al nombramiento de Sotomayor.
(Ver texto y comentarios en entrada anterior.)
La controversia sobre el asunto se presentó de lleno en el seno del Supremo en 1999 en un intercambio entre los jueces Stephen Breyer y Clarence Thomas en el poco conocido caso Knight v. Florida—litigio en el que se cuestionaba, a la luz de la prohibición de los castigos crueles e inusitados, la constitucionalidad de la ejecución de un convicto que había permanecido en prisión por casi 20 años. El juez Breyer disintió de la decisión del Supremo de no atender la petición de revisión y en su opinión disidente citó opiniones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de tribunales de Jamaica, Zimbabue e India. Breyer expresó que “[a] growing number of courts outside the United States—courts that accept or assume the lawfulness of the death penalty—have held that lengthy delay in administering a lawful death penalty renders ultimate execution inhuman, degrading, or unusually cruel.” Tres años más tarde, en Foster v. Florida, Thomas resumió su oposición a ese enfoque judicial cuando en una nota al calce expresó que “while Congress as a legislature may wish to consider the actions of any other nation on any issue it likes, this Court’s Eighth Amendment jurisprudence should not impose foreign moods, fads or factions on Americans.” A pesar de la oposición de algunos jueces del Supremo, el uso de fuentes internacionales y foráneas para adjudicar controversias constitucionales se ha seguido afirmando, como lo ejemplifican las decisiones de Lawrence v. Texas (2003) y Roper v. Simmons (2005).
En su edición de hoy, El Nuevo Día comenta algo que desde hace años se conoce en la comunidad de juristas: que la juez Sonia Sotomayor “[f]avorece que se utilicen las leyes internacionales como marco de referencia y como parte del proceso amplio de reflexión de las cortes de Estados Unidos porque ‘la consideración de ideas no tiene fronteras’”. Diálogo Digital informa de una reciente charla de Sotomayor auspiciada por la American Civil Liberties Union en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, en la que la juez expresó:
Nosotros no usamos las leyes o tratados extranjeros, nosotros las
consideramos. Estados Unidos no permite que utilicemos las leyes
extranjeras o internacionales para resolver nuestros casos. Sin embargo,
no pueden decirnos que no consideremos las ideas que plantean dichos tratados
para hacer un análisis y emitir nuestro propio juicio.
Las expresiones de Sotomayor sugieren su afinidad con la teoría del “transnational legal process” articulada, entre otros, por el decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Yale, Harold Hongju Koh, cuyo nombramiento por el presidente Obama como asesor legal del Departamento de Estado está pendiente de confirmación por el Senado. Por lo tanto, que la juez Sotomayor sea una de las candidatas del presidente Obama para el Tribunal Supremo de EEUU significa la posibilidad de solidificar el bloque de ese Tribunal que favorece el uso de fuentes internacionales y extranjeras en la adjudicación constitucional estadounidense. Algunos comentaristas han destacado que, si bien es cierto que el juez David Souter se unió a la mayoría en Lawrence y en Roper, éste juez fue menos activo en el uso de esta metodología por lo que su retiro puede significar un cambio significativo en cuanto al uso de fuentes del Derecho internacional. La posición de Koh respecto al uso de fuentes internacionales ha sido, precisamente, la principal argumentación de algunos congresistas contra su nombramiento y, probablemente, proveerá la base de la oposición al nombramiento de Sotomayor. Es probable que en cuanto al nombramiento de Koh, sus detractores no ofrecezcan gran batalla. A pocas personas les resulta de poca importancia un asesor legal del Departamento de Estado. Otra cosa es el poder del Supremo con su gran simbolismo y relevancia política. En vista de ello, podemos anticipar que los que se oponen al internacionalismo judicial se preparan para ofrecer una tenaz resistencia al nombramiento de Sotomayor.
(Ver texto y comentarios en entrada anterior.)
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