2008-07-13

Aníbal Acevedo Vilá le impone a los puertorriqueños una cédula de identidad federal


Mientras muchos estados le dicen no al Real ID, el ELA se coloca a la vanguardia del espionaje de Homeland Security.
El 8 de Julio pasado, en una nota firmada por Limarys Suárez Torres, El Nuevo Día (endi.com) informó que durante esa semana el gobierno del ELA inició la expedición de licencias digitales (Real ID) a tono con la nueva ley federal conocida como Real ID Act. El gobernador Aníbal Acevedo Vilá anunció el nuevo sistema en una ceremonia oficial de claro corte de campaña electoral, aparentando eficiencia ejecutiva cuando el diario de marras repitió junto a él que el propósito del Real ID es ”evitar el delito de robo de identidad de los ciudadanos americanos”. AAV añadió que su gobierno “ïnvirtió” $5 M de fondos públicos puertorriqueños en el sistema. (¿A quién le tocaría el contratito?) Carlos González, Secretario del DTOP, estaba "loco de contento" al informar que la nueva licencia tiene al reverso un código de barra con “toda la información del ciudadano” y aunque no definió que abarca “toda”, acto seguido nos endulzó los oídos patrióticos diciendo que el “sistema coloca a Puerto Rico a la vanguardia”, aunque tampoco especificó a la vanguardia de qué. Irma Moyeno, portavoz del DTOP y Autoridad de Carreteras y Transporte (ACT), cerró con broche de oro la nota periodística añadiendo que ya está listo “el sistema computadorizado donde se guarda toda la base de datos de los conductores”.

DISGRESIONES SOBRE EL COMPORTAMIENTO POLITICO MEDIATICO EN ESTA INSULA BUENA PARA SER GOBERNADA POR SANCHO PANZA
Hace un tiempo que, tratando de contrarrestar nuestro insularismo, le sigo la pista a este embeleco federal del Real ID. Confieso que ingenuamente creí que por buen tiempo no nos tocaría, confiada en que, dada sus posiciones neonacionalistas, el gobierno PPD dilataría, mientras pudiera, este asalto del poder federal sobre la esfera local. Pensé que AAV no dejaría de aprovechar esta oportunidad, dada las condiciones favorables que comentaré, para hacer un ejercicio de ¨soberanía” para las gradas. Aún más, me ha resultado gran sorpresa que en un momento tan agitado por el ¨soberanismo¨ y de la lucha "contra" el poder de los federales esta noticia haya sido tomada tan casualmente o simplemente desatendida tanto por grupos políticos, soberanistas de toda suerte y por periodistas o analistas de todos los colores!!! Me sorprendió además (sólo porque me rehuso a perder la capacidad de asombro) que la periodista que cubrió el evento no haya mostrado curiosidad alguna por entender, hurgar e informar sobre esta ley, su historial, sus implicaciones o consecuencias, ni sobre el “¨sistema” que recién se implanta en la Isla y que lo reportara tan matter of fact, dando por descontado que las cosas son así porque lo son. Bendito sea dios, la vijne, todos lo santos y jerarquías angelicales, una búsqueda rápida por Google que no cuesta un chavo arroja 46,700,000 páginas informativas sobre el Real ID Act . En otras palabras la info para trasfondo de un ejercicio de redacción periodística está choreta y es gratis. Sólo requiere curiosidad, a mi entender, el primer principio del periodismo. La prensa prensá ¿nos informa o nos bloquea la información?

EL REAL ID ¿QUE ES?
En 2005 a un proyecto de ley del Congreso relacionado a los gastos de la guerra y ayudas para víctimas del tsunami en Asia se le añadió una provisión que- sin llegar al pleno del Congreso para su discusión- se convirtió en el Rëal ID Act. La ley en cuestión facultó al Departamento de Homeland Security (DHS-Patriot Act) a administrarla. El estatuto desafía una larga historia de lucha por la protección de la privacidad de las personas, de defensa de la soberanía de los estados y de oposición a la implantación de un cédula de identidad federal. Desde que se originó como proyecto de la Cámara HR 418, cuyas provisiones se reincorporaron en el HR (109) 1268 Secs, 201-207 convirtiéndose en ley en mayo del 2005, una amplia coalición de organizaciones de derechos de inmigrantes, de grupos pro derechos de privacidad, así como de de grupos conservadores y constitucionalistas sostuvo que el Real ID se convertiría en una cédula de identidad violatoria del derecho de los estados y de la privacidad de los ciudadanos que, además, lejos de proteger a las personas contra el robo de identidad, les haría más vulnerables a los falsificadores. La coalición continúa funcionando bajo diversas redes como el Electronic Privacy Information Center (EPIC), el Real Nightmare.org y otras que se mantienen en la WWW para organizar e informar sobre el impacto negativo del Real ID sobre el derecho a la privacidad, sobre sus riesgos de mayor exposición al robo de identidad y contra la intromisión federal en un área de jurisdicción de los estados. Un sector de la prensa en EEUU ha seguido de cerca las acciones del DHS con respecto al Real ID y ha cubierto las actividades de grupos opositores y de las legislaturas estatales contra la implantación del sistema.

Entre otras cosas, la ley y el reglamanto adoptado por DHS para la Real ID Act exige a los estados y territorios (Puerto Rico es un territorio) que, al emitir licencias de conducir y otros documentos, requieran una serie de documentos privados y públicos del solicitante. Aunque en varios estados esto es una novedad, ya el DTOP CESCO lo hacía en Puerto Rico (certificados de nacimiento, seguro social, prueba de residencia en la dirección ofrecida, etc.). LO QUE ES NUEVO PARA PUERTO RICO es que la ley y el reglamento del DHS ahora requieren que estos documentos sean transformados a archivos digitales (incluyendo la foto y firma del conductor) y colocados en bancos de datos disponibles para otros estados y para el gobierno federal y potencialmente para otras jurisdicciones con tratados con EEUU. Además, cada persona recibirá un número que lo identificará y del que ésta no tendrá conocimiento. De facto la Real ID se convierte en un documento federal que puede ser requerido para “¨propósitos federales” inclusive para abordar un avión o visitar un parque nacional como El Morro. La ley estableció mayo de 2008 como la fecha límite para iniciar la implantación de la tarjeta, pero hasta ahora ningún estado ha cumplido con la ley y por eso es que Puerto Rico se convierte en vanguardia del Real ID.

LOS ESTADOS SE REBELAN. ENFRENTAN A HOMELAND SECURITY
Para abril de este año 19 estados se opusieron oficialmente a la implantación del Real ID. Además de argumentar que los costos de implantación son onerosos y que el gobierno federal les obliga, indirectamente, a imponer contribuciones para sufragarlos y a legislar para ejecutar legislación federal en violación de la Décima Enmienda de la Constitución, los estados opositores también han sostenido que el Real ID representa una violación del derecho a la privacidad de sus ciudadanos.

El primer estado en rebelarse fue Maine, ya hace más de un año en enero del 2007. La Legislatura estatal, de forma casi unánime, aprobó una resolución multipartita rechazando el Real ID y pidiéndo al Congreso su eliminación. Le siguió Montana. ¿Quieren saber qué dijo sobre el Real ID el gobernador de Montana, Brian Schweitzer, demócrata como AAV, quien no va a la ONU, ni habla de soberanismo, ni tiene pactos con secesionistas? Simplemente dijo NO: "No. Nope. No way."

En abril, Michael Chertoff, jefe del DHS, amenazó al estado rebelde de Maine con exigir licencias de conducir en los aeropuertos y le dio un ultimatum. El gobernador de Maine ripostó que lo más que podía hacer era comprometerse a hacer una solicitud a la Legislatura para que, al expedir licencias, el estado requiera fotos y documentos que certifiquen la identidad del solicitante. (Lo que en Puerto Rico es costumbre.) Esa promesa bastó para que Chertoff respondiera que el esfuerzo por mejorar la calidad de sus licencias hacían innecesario que el gobierno federal penalizara a los residentes de Maine. Al momento de este post y según información del Real Nightmare.org de ACLU, nueve estados han aprobado legislación prohibiendo la implantación del Real ID y nueve han pasado resoluciones denunciando el sistema. Además, siete estados han aprobado legislación en por lo menos una de las cámaras y en doce estados hay legislación en contra pendiente de discusión. Es decir, que existe una mayoría significativa de estados en oposición. A la fecha ninguno de los cincuenta estados ha puesto en vigor la ley. Para salvar cara el DHS ha tenido que posponer la fecha límite para cumplir de mayo del 2008 hasta finales del 2011.

El malestar en los estados respecto al Real ID ha resonado en el Congreso. En audiencias recientes ante el U.S. Senate Homeland Security and Governmental Affairs Committee, senadores de ambos partidos criticaron agriamente el sistema legislado: "The massive amounts of personal information that would be stored in state databases that are to be shared electronically with all other states, as well as the unencrypted data on the Real ID card itself, could provide one-stop shopping for identity thieves," dijo el senador Daniel K. Akaka,(D Hawaii). Akaka y John Sonunu (N. Hampshire) han presentado legislación para corregir las fallas en la ley Real ID. Estas enmiendas cuentan con el apoyo del American Civil Liberties Union (ACLU) que mantiene una campaña de cartas al Senado para exigir la legislación necesaria. Nos preguntamos si la ACLU local le habrá informado al gobierno del ELA de todo esto­?

AAV DEMUESTRA SU SOBERANISMO EÑANGOTANDOSE DE GRATIS
No ha transcurrido un mes desde que AAV regresó a la Isla tras su discurso en las Naciones Unidas acusando a EEUU de no respetar la “soberanía” del ELA cuando, cual corderito salido de un blasón confeccionado para nosotros por el imperio español, su gobierno se somete a las órdenes de Chertoff, jefe de Homeland Security, la agencia más odiosa y represiva en el EEUU de Bush. ¿Acaso AAV quiere venderno la idea de que al gobierno de Bush le preocupa que a los ciudadanos le roben la identidad para usar su crédito?­ ¿Con quién intenta congraciarse el gobernador acusado de 19 cargos federales, los que alega son productos de la “persecución política” del gobierno republicano, cuando convierte a Puerto Rïco en el primer laboratorio del sistema de cédulas de identidad federal bajo el Real ID Act del Homeland Security? Los que se molestaron en ver la nota de El Nuevo Día ya saben que el gobernador anunció que el sistema incluirá “próximamente, el trámite de licencias para vehículos de motor”. A causa de la oposición de las legislaturas y ejecutivos estatales contra el Real ID, el DHS ha tenido que posponer varias veces la fecha límite para cumplir y arrastrarla hata finales del 2011. ¿Por qué, entonces, la prisa en Puerto Rico? ¿No era ésta una gran oportunidad para que el gobernador se ejercitara en el ejercicio de la mínima soberanía del ELA que recién tanto dice defender? Total, se trataba de un pequeño drill de poco riesgo. Pero ni a eso se atrevió. ¿Quién necesita mayor prueba de que el soberanismo de AAV es pa´ las gradas y pa' atrapar bobos­?

¿Y LA LEGISLATURA, SOCIEDAD CIVIL, ET AL?
¿Y qué de la Legislatura local con tanto legislador multipartita y multicolor y sus tantos asesores tan bien recompensados? ¿Es que no saben que según la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, Artículo 27.05
cualquier ley federal se convierte en ley en Puerto Rico si la Asamblea Legislativa no actúa? Es decir, que pudieron haber actuado si tuvieran noción de lo que pasa en EEUU. ¿Es que los asesores del Capitolio tampoco saben buscar en Internet? ¿O es que ni a los legisladores estadoístas, estadolibristas, soberanistas, libreasociacionistas ni a los independentistas les interesa enterarse de lo que el gobierno federal legisla para Puerto Rico?

El asunto es taller obligado para las organizaciones de derechos civiles y politicos en Puerto Rico como el Colegio de Abogados, la Comisión de Derechos Civiles y otros. Se trata de un asunto concreto que impacta a los ciudadanos, aunque no sea un tema que se preste a consignas de preferencias de status.

¿Y qué hay con la prensa prensá, los comentaristas radiales, Claridad y todas las mentes preclaras del derecho y de la discusión pública alojadas en las esquinas e intersticios de las ondas radiales y televisivas locales? Que se pongan pa´su número. Se trata de un intento de consolidar programas de espionaje contra ciudadanos, los que son tan repulsivos que han sido denunciados hasta por el New York Times.

23 comentarios:

Prometeo dijo...

Ya yo perdí toda esperanza en la prensa de Puerto Rico. Esto es una contradicción otro ejemplo más del doble discurso, no el de Anibal es un multi-discurso pero la prensa se encarga de arreglarle los hilos sueltos. Adelante y Éxito.

Edwin Vázquez dijo...

Excelente artículo. Ahora entramos en la época de las carpetas digitales sancionadas por el gobierno. Los religiosos dirán, seguramente, que esta es la marca apocalíptica de la bestia.

Myrisa dijo...

prometeo: No creo en buena parte de las empresas de la prensa en PR, pero si creo en la importancia de la Prensa. Además no todos son iguales: El Vocero viene desarrollando un periodismo mucho más serio que el de las empresas FR. Y hay otros medios en línea que tienen buena info.

Edwin: Eso mismo carpetas digitales, pero ahora contra TODA la población adulta activa, porque en PR TODO el mundo tiene licencia de conducir.
Pero olvidé incluir que también hay grupos religiosos en EEUU organizados en protesta contra el Real ID porque es violatorio de su libertad de culto. Grupos como los Amish y cuáqueros o fundamentalistas que no creen en fotografiarse, o musulmanes que no se retratarían sin cubrir su cabeza e inclusive el rostro. http://www.wwrn.org/article.php?idd=27705&sec=36&con=4 El problema no es sólo que no puedan tener lic de conducir, sino que no podrían entrar a un parque nacional o abordar un avión. Los estados están iracundos, menos en PR que ni ese chispito de autonomía se defiende.

C dijo...

Myrisa,
Esto es el colmo del boquiabajismo de los colonizados (con dolor tengo que aceptar, aunque no quiera, que sigo siendo un colonizado por no pertenecer a un pais libre y soberano, con todo y sus adornos). Osea aunque nos paremos en las mesas de la ONU a gritar y a defender la soberania que en PR no existe, USA puede ordenar por decreto hasta que nos marquen con un carimbo y, mira que eso me molesta.

No tan solo cualquier ley federal prevalece ante las leyes de Puerto Rico sino cualquier reglamento administrativo tiene más fuerza que la Constitución de nuestra colonia...

Prometeo dijo...

Me hago eco de las palabras de c y estoy muy de acuerdo contigo myrisa El Vocero ha elevado la calidad de su periodismo en los últimos años. Recuerdo antes que parecía una gaza porqué cuando lo exprimías le salía sangre de tanta noticia violenta que ponía.

Myrisa dijo...

C: El problema es que aunque no tenemos soberanía nacional, existe una soberanía local- reducida, pero válida e invocándola se debió resistir la implantación de ese sistema de espionaje de ciudadanos llamado Real ID. Todo lo que tenía que hacer el Gobernador era aliarze con los estados que se han opuesto y levantar los mismos planteamientos. La Legislatura tiene potestad para prohibir ese asalto a la privacidad y al espacio local. No importa si somos territorio, somos también ciudadanos, somos personas, tenemos unos derechos individuales, entre éstos el de la privacidad, a que el estado mismo no nos exponga al robo de identidad. Y aún el ELA podía argumentar que las licencias de conducir son un asunto local-estatal. Es lo que han hecho los estados que se oponen.

C dijo...

Myrisa,
Tenemos la misma soberania local que tenian los esclavos ante sus esclavistas (en nuestra imaginación y válida hasta que el dueño diga su última palabra). Cuando un pais como reafirmo es Puerto Rico, tiene que reclamar sus derechos ante otros tribunales y foros extraños a nuestra jurisdicción, es cuestionable cualquier afirmación de Soberania.

Ahora bien, por otro lado yo creo que hay que aprender como es el diablo y a jugar en su propio infierno ( me refiero a las políticas de EEUU no a su gente), cosa de aprender a combatirlo. La única ventaja que le he visto a nuestra situción colonial, juridicamente hablando, es que el conocer ambos sistemas nos capacita, mejor dicho nos debe capacitar para reclamar y reafirmar nuestro derecho a aspirar el ejercer a plenitud los derechos (y valga la redundancia) que se presumen son ilnalienables a todo ser humano, sea este colonizado o no. Entre estos, muy ligados al derecho a la privacidad- "la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana", según reza en el preámbulo de La Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El problema fue que nuestro desgobierno pico alante' y le sirvio a EEUU en bandeja de plata el deber a proteger lo que les quedaba de privacidad a los benditos hijos de nuestro patria. Claro que el fue bien vanguardista y arrodillao'

No te extrañe que AAV le recrimine a los estados federados el luchar por el derecho de sus representados.

Z. Teruoc dijo...

C—Saludos. Creo que la comparación con la esclavitud es una exageración…

Llámese como se les llame, en asuntos locales (es decir, con excepción de la falta de representación en el Congreso) PR tiene al menos las mismas facultades para oponerse a cualquier política federal que las que tiene cualquier estado. La diferencia en este asunto radica en la posición que ha asumido AAV vis-à-vis la que han asumido varios gobiernos estatales.

Las constituciones de los estados tampoco están por encima de disposiciones legales federales debidamente adoptadas, pero ello no impide que los gobiernos estatales den la pelea por los derechos de sus ciudadanos. La ironía aquí es que mientras AAV utiliza le chiji, chija, de la soberanía para politiquear (y escudarse de las acusaciones de crímenes comunes en su contra) en términos prácticos no se atreve ni siquiera a utilizar los mecanismos que tiene a su disposición para defender la intimidad de los residentes en PR. Lo que es más, la actitud de gobernantes como AAV lo que demuestra es que a fin de cuentas la mal llamada soberanía y al establecimiento de otra república neo-colonial en el Caribe sólo sirve a los intereses de Washington.

mindfields dijo...

Gente no permitan eso!!! Hagan lo que tengan que hacer, no lo permitan!

EL real ID lo unico que quiere es recoger y centralizar data de cada parsona del pais para poco a poco quitar libertades y mantener a la gente bajo control. Los puertorriqueños ya tienen que darse cuenta que estan siendo usados como conejillos de indias para USA. EL real ID no es mas que un carpeteo del siglo 21. Un saco de estados en USA se dieron cuenta que el real ID no es mas que una movida de un gobierno paranoico que trata a la gente como si fuesen criminales. De acuerdo al real ID todo el mundo es criminal.

Se los repito no hagan eso. No lo permitan. Su libertad esta en juego y no es broma.

C dijo...

z.terouc

Saludos desde el otro lao’

Ciertamente los estados federados tienen el deber de cumplir con las cláusulas de supremacía jurídica que establece el sistema legal de los EEUU. Como bien explicas cada estado tiene el derecho a reclamar y a defender las decisiones y legislación respecto a sus asuntos locales y, en protección de sus ciudadanos, ante el gobierno federal. Esto es contrario a lo que evidencia nuestra historia política, que durante 500 y pico de años, los gobiernos de turno siempre han actuado sirviendo a los intereses del colonizador. Además del chiji, chija de AAV, la jurisprudencia, tratados, libros y artículos sobre el asunto son abundantes y sustentan ese punto de vista. Claro, existen otros, donde se expone la seudo-grandeza del ELA. Un podcast muy interesante sobre el tema esta en la página de la Voz del Centro; La Realidad constitucional de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos (http://www.vozdelcentro.org/?p=28)

Una que otra excepción, que a mi entender han sido muy pocas, ha logrado establecer cierta autonomía a nuestros asuntos locales, claro siempre bajo el palio de la Constitución de los EEUU, nunca decisiones radicales representativas del comportamiento jurídico/político de un país soberano. Fíjate, no dije territorio sino país libre y soberano.

Por nuestra condición política, si mañana Jorge Matojo y sus asesores se levantan con la moña para, deciden que hay que revocar el actual gobierno del territorio Puerto Rico ante un problema de seguridad nacional o quieren cambiar el status de nuestra isla, te aseguro que lo harán sin ningún reparo. Es así de simple. Ante la supremacía jurídico-política del gobierno estadounidense ante sus territorios, ni el alegado pacto del ELA, ni el chapulín colorado nos librará de sus decisiones. Si eso no es subordinación política, no se entonces qué es. Me parece que las muestras más reciente fueron el tapaboca de Condoleezza Rice en contestación a la famosa petición de AAV y, el caso de PR en la ONU, ¿dónde esta?

Mi planteamiento es uno de carácter moral más que legal o político, pues dada la ficción política que representa el Estado Libre Asociado, colonia, territorio no incorporado o como se llame, sostengo la metáfora de la esclavitud como el derecho al pataleo hasta que el dueño diga la última palabra. Dicho esto y expresando mi indignación el carpeteo digital (otros le llamarán centralización de información vital), avalado por el gobierno local de turno y, nuestra incapacidad jurídica-política de gritar NO o rechazar de plano (facultad de los países libres y soberanos, como hace US y otros ante foros internacionales) legislación contraria a nuestra aspiración a la libertad y dignidad según nuestra realidad social y cultural, me reafirmo, nos están marcando con el carimbo uno a uno…

Un aparte, les recomiendo vean el documental: L’avocat de la terreur, sobre el abogado Jacques Vergèr, anticolonialista y otros…istas. Es muy bueno, tanto que me parece que toda escuela de Derecho debe presentarlo en sus clases introductorias y ética.

Un abrazo

Eugenio dijo...

Z. Teruoc

Me parece que la falta de representación en el Congreso es mucho más que una excepción irrelevante de paréntesis. Precisamente es esa participación de los estados y las personas en los asuntos del gobierno federal lo que le da legitimidad al sistema, según el espíritu liberal sobre el cual fue fundado. Decir que Puerto Rico tiene las mismas facultades para oponerse a cualquier política federal, excepto por la representación federal, es como decir que entre el Hombre Araña y yo no hay ninguna diferencia, excepto por sus características arácnidas.

Saludos.

Myrisa dijo...

mindfield, bienvenido. No queremos dejarnos imponer esto. "En el país de los ciegos..." hacemos lo que está a nuestro alcance. Estamos pendientes, investigamos, anlizamos, comentamos y, en ocasiones como ésta, tratamos de alertar. Es lo que estamos haciendo un puñado de blogueros y es más de lo que hace la mayor parte de la Prensa en PR. A los visitantes interesados como tú les pedimos que compartan estas informaciones con otros y nos ayuden a romper el cerco desinformativo de la Prensa y la oficialidad local.

c y eugenio: (sobre el comentario de terouc) Puerto Rico sí tiene unos poderes de gobierno autonómo para asuntos locales. Existe una jurisdicción local. ¿Por qué creen que el Tribunal Federal del 2ndo Circuito en Boston rehusó ver el caso de los pivazos y se lo devolvió al Tribunal Supremo en PR? ¿A que el PPD no se amilanó frente al Tribunal Federal de Distrito de San Juan cuando el PNP intentó que éste decidiera la controversia? Existen otras instancia en que el Tribunal Federal ha determinado mantener manos afuera sobre una controversia legal que considera de carácter local: el arbitrio del 6.6% cuando existía, etc.
Lo que nos pasa a Puerto Rico, en términos de disputa de jurisdicciones- federal, local o concurrente- le pasa también a los estados. Estos también están continuamente forcejeando por conservar el ámbito de su autoridad o dominio frente a un gobierno central que ha adquirido más funciones y poder a través del tiempo, particularmente en la rama ejecutiva. Históricamente, esta lucha o forcejeo es común de los sistemas federativos. La Constitución de EEUU fue concebida como un convenio, un pacto entre soberanos (los trece estados y sus ciudadanos) para formar una federación. La Constitución describe estas relaciones acordadas entre partes: los ciudadanos, los estados y el gobierno central. Los historiadores de la Constitución de EEUU comentan que era tal el celo por la autonomía de los estados que en la Carta de Derechos se incluyó una enmienda (la décima) que es realmente un truísmo, pues lee sobre los límites de la autoridad federal, asunto que es, precisamente en gran parte, la definición misma de esta constitución de tipo federativo. Aún así los representantes de los estados en la Convención Constituyente insistieron en ésta.

"In the nature of a compact", dice la Ley 600 del Congreso, enmendando la Ley Jones y reconociendo a Puerto Rico la autoridad para adoptar una Constitución para organizar un gobierno local. Los gobiernos se organizan para gobernar y si no tienen dominio o campo de acción, pues no son gobierno. La autoridad para otorgar a los ciudadanos de Puerto Rico (con ciudadanía residencial, claro está) permisos para conducir vehículos de motor es de dominio local. Por eso existe una ley de tránsito local, adoptada en virtud de la autonomía local. Dicha ley inclusive contempla la posibilidad de que el gobierno federal legisle sobre el ámbito de la ley de tránsito y provee para que la Legislatura actúe para determinar si adopta o no dicha legislación. ¿Una prueba más clara de que la ley opera sobre un dominio local? (El post de este tema tiene un énlace a la ley de tránsito local que lo demuestra.) Usualmente cuando el gobierno federal desea modificar algún aspecto de las reglas de tránsito locales, lo hace por medio de legislación persuasiva. Por ejemplo, existe legislación para premiar económicamente a los estados que adopten la edad mínima de 21 años para el consumo de alcohol y para establecer la velocidad máxima a 55 mph (fondos para carreteras). El gobierno de Puerto Rico ha optado por no apuntarse.
Creo que hay terreno para que el gobierno resistiera esta legislación federal, no sólo haciendo uso de argumentos legales, sino también políticos. ¿No se hace todos los días? ¿No se ha alegado que el proceso criminal contra AAV está motivado políticamente y disparatadamente se ha dicho que aún bajo el ELA el tribunal federal se debe ir? ¿No se atrevieron los viequenses (fueron ellos y los demás llegaron después) a retar a la Armada de EEUU, esgrimiento argumentos de derechos ciudadanos? Pero AAV ni siquiera implanto la ley bajo declaración de protesta pública, por el contrario, se ufanó de que puso a PR a la vanguardia del espionaje del gobierno federal.
Nada de esto quiere decir que minimicemos la importancia de que Puerto Rico carece de representación real en la formulación de política y legislación a nivel central y que no tenemos capacidad jurídica para decidir sobre asuntos vitales que pesan sobre nuestra vida colectiva e individual. Pero desde nuestra perspectiva, ello sólo abona a nuestro argumento, pues si los estados que tienen representación en el Congreso y eligen al Presidente, aún así se sienten con autoridad para decidir que el Real ID Act viola los derechos de sus ciudadanos y la autoridad de los estados, todavía más podemos en Puerto Rico argumentar que, precisamente, porque no participamos de dicha decisión y porque impacta directamente los derechos de los ciudadanos de Puerto Rico e impacta negativamente el ámbito de la autoridad local (por limitada sea), Puerto Rico no va a implantar la ley POR LO MENOS hasta más cercana la fecha límite en el 2011 y esperando al desenlace de la controversia entre los estados y el gobierno federal. Pero ni eso, ni ese chispito hizo nuestro gobierno.
Destaqué la complicidad de Acevedo Vilá con el Homeland Security para imponernos el Real ID porque él quiso aprovechar nuestra ignorancia para congraciarse con los federales y hacer un actividad más dentro de su campaña electoral. Pero mencioné también la complicidad de otros sectores (sea por acción u omisión) en el asunto: la Legislatura local, los partidos políticos, la Prensa (incluyendo a Claridad), los analistas, etc. Mencioné también a la llamada sociedad civil: Colegio de Abogados, grupos de derechos civiles, organizaciones religiosas, etc. que inexplicablemente e imperdonablemente han hecho mutis sobre el asunto. Probablemente por ignorancia propia, seguramente porque están demasiado ocupados en las peleas tontas, tribales, chiquitas en que nos entretenemos aquí mientras la historia nos pasa por encima. Eso, ese shadow boxing de nuestra política local, es nuestra verdadera tragedia colonial.

Z. Teruoc dijo...

Eugenio—Saludos. No pongas palabras en mi boca (o en este caso en mi comentario, lol.). Lo de “irrelevante” lo añadiste tú… Yo jamás utilizaría esa palabra para referirme a la falta de representación puertorriqueña en el gobierno federal, cosa que, a mi juicio, ES la esencia del problema colonial de PR.

Sin embargo, en el comentario anterior me limitaba a opinar sobre el tema del post de Myrisa y no sobre otros más amplios. En ese contexto fue que opiné sobre los mecanismos políticos y legales que (al igual que los estados) tenía a su disposición el gobierno de PR para oponerse al programa en discusión DESPUÉS de que el mismo fue adoptado por el gobierno federal. En esa etapa la delegación legislativa que los estados envían al Congreso ya no puede hacer mucho y cualquier esfuerzo para evitar la implementación de una política que un gobierno estatal considere incorrecta lo tiene que hacer el gobierno local. Por ejemplo, el gobierno estatal puede adoptar medidas que entren en conflicto con la legislación federal de manera que se cree una controversia sobre cuál debe prevalecer en atención a la jurisdicción legislativa de cada gobierno. De igual manera—para complementar las medidas legislativas y ejecutivas estatales—los gobiernos locales pueden llevar pleitos—o comparecer como amigos de la corte en aquellos que frecuentemente inicia alguna institución sin fines de lucro—para cuestionar la constitucionalidad de este tipo de programas. Esos mecanismos son el pan nuestro de cada día en muchos gobiernos estatales que no se limitan a utilizar la escusa de que “el gobierno federal ya habló así que nosotros nos tenemos que callar la boca.”

En fin, la gama de opciones que tiene una jurisdicción estatal para intentar evitar la implantación de un programa federal en su territorio es amplia y cualquiera persona con un entendimiento básico sobre el federalismo sabe que el propósito de un sistema federal es precisamente invitar ese tipo de choque y pulseo entre el gobierno local y el nacional. Es por ello que no es extraño que—como bien reseña Myrisa en su post—oficiales electos de los estados (sin necesidad de hablar de soberanía ni ir a llorar a la ONU) han decidido dar la pelea en contra de esta cosa del Real ID.

Pero en PR a los gobernantes les gusta hablar de poderes locales sólo para boberías insignificantes como certámenes de belleza (que en última instancia son actividades privadas). Pero en la práctica son unos vagos y cobardes y no están dispuestos ni siquiera a hacer uso de las prerrogativas que a diario utilizan los estados para oponerse a lagunas políticas del gobierno federal. Para ello los gobernantes locales o se callan la boca e implementan cualquier cosa que adopte el gobierno federal o se limitan a decir que “ya los federales malos aprobaron eso y no podemos hacer na.’” Los residentes de los estados se reirían en la cara de sus representantes electos si éstos se comportaran con esa pusilanimidad.

Por el momento, un ejemplo resulta útil para ilustrar que la queja de los nacionalistas de Medalla como Aníbal es una mera escusa pa’ limitar su acción política a la queja en mítines en el Choliseo pero en la práctica no utilizar ni los mecanismos legales a su disposición para defender las prerrogativas locales. Hace par de años el gobierno de Pennsylvania solicitó al gobierno de PR extraditara a un imputado de asesinato en ese estado, delito que podía acarrear la pena de muerte para el imputado. Los abogados del imputado en PR plantearon que—al igual que en la mayoría de los países que prohíben la pena de muerte en su territorio—la prohibición de la pena de muerte en PR significaba que le gobierno de PR tampoco podía mover un dedo para ayudar a otro gobierno a condenar a muerte a un ser humano. El gobierno del gran soberanista AAV pudo haber dicho: “si el gobierno de Penn. quiere que se extradite esa persona lo haré cuando me lo ordenen los tribunales pero el espíritu de la Constitución de PR prohíbe a este gobierno colaborar con el uso de la pena de muerte” (como dijo públicamente una de las abogadas del caso, no se puede utilizar la Constitución para destruir una máquina de muerte y luego estar dispuesto a engrasar esa máquina siempre y cuando le pertenezca a otro gobierno). El gobernador de PR pudo asumir la posición de que esa era una pelea que le tocaba dar al gobierno de Penn. Pero por el contrario, FUE EL DEPARTAMENTO DE JUSTICA DE PR EL QUE LITIGÓ EL CASO HASTA EL TRIBUNAL SUPREMO Y SOLICITÓAL FORO JUDICIAL DE PR QUE ORDENARA LA EXTRADICCIÓN. Ello demuestra que los llamados a la sobebobería que hace Aníbal y el par de grupúsculos que se pasan haciéndole el juego son mera demagogia inconsecuente para consumo local (además de utilizados con el fin de inventar una teoría de prosecución política ante las acusaciones de corrupción que pesan en contra del gobe.).

Eugenio dijo...

Teruoc y Myrisa

Entiendo el punto. Tienen razón.

Myrisa dijo...

a todos:
A veces al argumentar nuestros puntos de vista lo hacemos con tal vehemencia que puede nuestro ánimo ser mal interpretado como muy adversativo. No es nuestra intención y agradezco que nos tengan paciencia y sobre todo agradecerles que juntos hemos podido mantener la discusión a un nivel de altura y respeto, aprendiendo los unos de los otros.

Prometeo dijo...

Por eso siempre creo que los post de un blog se completan en la sección de comentarios. Felicidades a todos por sus puntos de vista no saben lo mucho que aprendo de estos debates bloguísticos.

C dijo...

Teruoc, Myrisa

Conozco ambos procesos, creeme que los conozco muy bien y nunca he dudado de los poderes al pataleo (asi le llamo al reclamo de derechos, pues si no se reclaman, son practicamente inexistentes)que tienen las personas juridicas inlcluyendo los estados y territorios.

Los foros de discución (traducido a los comentarios en los blogs)son precisamente lugares para fomentar ésta. En ocasiones pueden ser mas o menos conflictivas o verse como un hilo de desacuerdos. Eso lo hace más interesante. Claro para discutir hay que tener el cuero duro y hacerlo inteligentemente. Creo que eso es lo que sucede aqui.

Me parece que estamos de acuerdo en la mayoria de los puntos y más en que la medida es inmoral y nos sirvieron en bandeja de plata!

Saludos a ambos!

El Rata dijo...

Encontré este tema tan interesante y la imagen de Aníbal eñangotándose antes los Estados Unidos tan cómica, que tuve que escribir una historia al respecto:

Acevedo Vilá Se Lesiona La Espalda Eñangotándose Ante Los EEUU Al Implantar El "Real ID"

El Rata dijo...

Y por eso de añadir mi poquito a la discusión: ¿cuán probable creen que sea que Aníbal, ya sea por inocencia o por ignorancia, no le vea "nada malo" a esto del "Real ID" y que sea por eso que no vio razón para luchar contra éste?

Myrisa dijo...

el rata: gracias por tu excelente post sobre el Real ID en PR. No puedo pensar que AAV sea ignorante o ingenuo en este asunto. Usualmente cuando nos enteramos de que el gobierno de PR se esmera en implantar una legislación o política federal es porque hay fondos federales en la movida. Aún así, también se hacen cálculos económicos y políticos,porque en el caso de la edad de 21 para ingerir alcohol en el que habría muchos fondos para carreteras, parece que se ha impuesto el interés de los importadores y distribuidores de bebidas alcohólicas porque PR no se ha apuntado. Hoy en END hay una nota en la que varios abogados criminalistas cuestionan las motivaciones de Justicia local para acusar de homicidio a un testigo federal en el caso de cinco guardias municipales de SJ acusados de dar muerte a un ciudadano arrestado. Uno de los criminalistas entrevistados dice que el asunto le suena a querer chavar el caso de fiscalía federal por revanchismo de Justicia contra los fiscales de justicia federal local (obviamente por los casos contra AAV). Justicia se mete en ese caso porque en el mismo fiscalía federal simplemente hace su trabajo en un caso local que entra en su jurisdicción como violación de derechos individuales, pero que no es un asunto de política de estado y que a Washington en última instancia no le importa. Justicia is playing it safe keeping it local.
Por otro lado, no habría forma de implantar el Real ID si no fuera con la expresa acción del gobierno del ELA.
¿Ingenuo AAV sobre las implicaciones de esta medida de control de la info sobre ciudadanos? Pues sufre de amnesia y vive en una burbuja. AAV estudió ciencias políticas y derecho en la UPR y fue Presidente del Consejo de Estudiantes, durante los 1980, una época álgida de las luchas universitarias en la Isla cuando las discusiones políticas giraban de manera destacada sobre la persecución de ciudadanos críticos del régimen, cuando empezaba a saberse de Cointelpro, de las carpetas de espionaje civil en PR, durante las vistas del Cerro Maravilla, etc. (¿Como crees que sabe halarle los hilos a un sector del independentismo que desde entoces comenzaba a melonear?) AAV tiene una maestria en derecho de Harvard y fue oficial jurídico del juez presidente del Primer Circuito de Boston, L. Hicks Campbell, hasta 1988, precisamente en una época de gran discusión y clamor público contra el espionaje de ciudadanos y los excesos de las agencias de seguridad, particularmente la CIA que llevaron a la legislación FISA y a la "reforma" de agencias como la CIA y FBI y que permitió la desclasificación de cientos de miles de documentos de espionaje ciudadano con propósitos políticos. Siendo AAV estudiante de leyes, las escuelas de derecho ya discutían los casos contra COINTELRPRO del FBI del corresponsal de NBC Carl Stern, el Socialist Workers Party y otros grupos.
En estos días los medios de noticias de EEUU, prensa, radio, TVO han comentado con destaque el caso de 1M de ciudadanos incluídos en la lista de terroristas del Transportation Security Administration- Dept of Homeland Security y no pueden abordar un avión sin pasar por humillaciones y registros ilegales. Pocos creen que esto es resultado de la torpeza de la burocracia de las agencias de seguridad de EEUU. Se sabe, aunque algunos lo digan bajito, que este "watch list" o"no-fly list" es un drill para acostumbrar a los ciudadanos a los registros ilegales, a olvidarse de sus derechos constitucionales y a someterse a la humillación de guapetones y maleantes del gobierno. En Puerto Rico la oportunidad no puede ser mejor: poner a cargo del asunto a un gobernador "soberanista" que pelea con los federales y desmoviliza a los anticolonialistas y sectores de derechos civiles de la izquierda.
Si AAV, sinceramente, no le ve nada malo al Real-ID, contrario al resto de lo gobernadores de EEUU, es porque AAV sinceramente cree en el estado policiaco.

El Rata dijo...

Myrisa, gracias por el acostumbrado análisis profundo sobre la pregunta que puse antes. Es cierto que AAV puede ser muchas cosas, pero ignorante e ingenuo no es (si acaso, todo lo contrario).

Sobre la "lista de terroristas", escuché que recientemente el Presidente Bush autorizó a que se removiera a ¡Nelson Mandela! de esa lista. No sé tú, pero ahora SÍ que siento fe en cómo recopilaron nombres para esa lista. ;-)

Elco Lao dijo...

Myrisa:

El recopilar datos no se limita ahora a una tarjeta de identificación. Lee el reportaje del New York Times de hoy, domingo, 19 de abril de 2009, titulado, "F.B.I. and States Vastly Expand DNA Databases" en:

http://www.nytimes.com/2009/04/19/us/19DNA.html?_r=1&th&emc=th

¿Serán capaces de aprobar una ley aquí, en Puerto Rico, para el carpeteo de personas arrestadas y detenidas? ¿Tomarán muestras de ADN a los arrestados por protestar...?

Myrisa dijo...

Elco, gracias por la información. Estoy tratando de hacer investigación sobre este extremo. Por el momento hay que seguir dando la pelea contra el Real ID porque los planes eran completarlo con el RFID y poder monitorear los movimientos de la población entera.