MITO 1: Las autoridades federales en la Isla señalaron selectivamente a AAV y pusieron en marcha la maquinaria del Departamento de Justicia con el propósito de su destrucción política.
La evidencia indica que los federales no andaban detrás de Acevedo Vilá. En el 2003 y mientras éste era aún comisionado residente en Washington, la oficina del Fiscal Federal investigaba un posible esquema de pay-to-play entre empresarios y la alcaldía de Filadelfia, esquema que era encabezado por el powerbroker Ronald A. White. En la investigación sobre dicho esquema de compra y venta de influencias bajo el alcalde John Street estuvieron involucrados su tesorero Corey Kemp, otros funcionarios municipales y empresarios del Commerce Bank y del JP Morgan. (Time 4-17-05) Street y sus ex funcionarios son afroamericanos y demócratas y entonces, al igual que ahora con el caso AAV, no faltaron los señalamientos de persecución federal contra minorías y por color político y de conspiración por parte de la administración republicana. (Ver “The Philadelhia Story”, On the QT – Special Features.) Robert M. Feldman, uno de los acusados del grupo de AAV, fue socio de White y, en aquella ocasión, fue también investigado junto a otros tres ciudadanos, aunque no resultó encausado.
Durante el análisis de los documentos del caso de Filadelfia en 2003 a los fiscales les llamó la atención que una gran parte de los fondos de campaña de AAV para comisionado residente en Washington vinieran de donantes en Filadelfia y South Jersey. La investigación de delitos públicos en Filadelfia produjo evidencia que creo sospechas de comisión de otros delitos por personas que no eran tarjetas en esa investigación.
Es difícil encontrar motivos razonables y fundamentados para que fiscales de carrera en Justicia federal se propusieran usar una investigación con el propósito de intervenir en la política de Puerto Rico. Entre los fiscales federales hay simpatizantes del PNP y del PPD, hay demócratas y republicanos. Lo mismo ocurre con las personas que componen los jurados federales. No veo qué beneficio le reportaría a la Administración Bush el encausamiento de AAV o al Partido Republicano, o a la campaña de McCain si los puertorriqueños no votamos en las elecciones presidenciales, ni elegimos representantes ni senadores al Congreso.
Contrario al mito de que el gobierno del Acevedo Vilá es objeto de persecución por la Administración Bush, hay que recordar que durante la incumbencia de AAV como comisionado residente de Puerto Rico en la Cámara de Representantes en Washington (2001-2004), su jefa política, la gobernadora Sila Ma. Calderón se unió a Dennis Rivera, líder de la Local 1199 SEIU en NYC, para hacer campaña a favor del republicano G. Pataki para la gobernación de NY. Líderes puertorriqueños de la ciudad acusaron, entonces, a Calderón de practicar trucos políticos para favorecer a Bush.
En el 2002 Calderón hizo también campaña para la gobernación de la Florida a favor del republicano Jeb Bush, hermano del Presidente. En estos comicios, la Florida, estado con una gran población puertorriqueña, fue clave en las elecciones presidenciales del 2004. Calderón también apoyó la reelección del republicano Michael Bloomberg a la alcaldía de NYC, hecho que enfureció a muchos líderes puertorriqueños en la ciudad. Por su parte , a la fecha, AAV rehusó apoyar a candidatos demócratas que retaron a Pataki y a Jeb Bush. (“National Union Leaders from Puerto Rico Get Dean to Talk to Acevedo” The PR Herald, 11-14-04) Durante la campaña del 2004 la gobernadora Calderón llegó a sugerir que los hispanos debían votar por Bush y asignó $6 millones del presupuesto insular para una campaña de inscripción electoral de hispanos en precintos donde la inscripición pudiera favorecer a Bush. Dicha campaña fue operada por PRFAA desde sus oficinas en Washington y fue manejada de cerca por el comisionado residente AAV. Contrario a sus expresiones el gobierno republicano de G.W. Bush tiene que agradecerle a la administración Calderón-Acevedo Vilá.
El propósito de la campaña de inscripción electoral de latinos en EEUU financiada por PRFAA fue lograr que Karl Rove, cerebro de la campaña republicana, ejerciera influencia con el Departamento del Tesoro federal a fin de que éste promoviera en el Congreso la exención contributiva para corporaciones de EEUU en Puerto Rico. Durante esta campaña se registró, al menos, un caso de investigación por fraude electoral en Chicago que fue muy discutido en medios de prensa y foros.. (“Suspects Probed In "Massive" Voter-Sign Up Fraud”, Chicago Tribune, 3-12-04, “Fallout from Chicago Voter-Registration Fraud Spreads”, Caribbean Business, 3-18-04)
Calderón y AAV, quienes a la altura de 2003 trabajaban de cerca en el esfuerzo por hacer que el Congreso y el Presidente aprobaran una nueva ley de mantengo corporativo bajo la Sección 956 del Código de Rentas Internas Federal, contratataron al cabildero republicano Charlie Black, miembro del círculo del estratega políticoKarl Rove. Fue gracias al cabildeo de Black, que la administración Calderón-AAV logró detener que Casa Blanca promoviera el asunto del status de la soberanía de Puerto Rico. (Calderon Neutralizes Bush on Puerto Rico’s Status, PR Herald, 4-12-02)
La evidencia indica que los federales no andaban detrás de Acevedo Vilá. En el 2003 y mientras éste era aún comisionado residente en Washington, la oficina del Fiscal Federal investigaba un posible esquema de pay-to-play entre empresarios y la alcaldía de Filadelfia, esquema que era encabezado por el powerbroker Ronald A. White. En la investigación sobre dicho esquema de compra y venta de influencias bajo el alcalde John Street estuvieron involucrados su tesorero Corey Kemp, otros funcionarios municipales y empresarios del Commerce Bank y del JP Morgan. (Time 4-17-05) Street y sus ex funcionarios son afroamericanos y demócratas y entonces, al igual que ahora con el caso AAV, no faltaron los señalamientos de persecución federal contra minorías y por color político y de conspiración por parte de la administración republicana. (Ver “The Philadelhia Story”, On the QT – Special Features.) Robert M. Feldman, uno de los acusados del grupo de AAV, fue socio de White y, en aquella ocasión, fue también investigado junto a otros tres ciudadanos, aunque no resultó encausado.
Durante el análisis de los documentos del caso de Filadelfia en 2003 a los fiscales les llamó la atención que una gran parte de los fondos de campaña de AAV para comisionado residente en Washington vinieran de donantes en Filadelfia y South Jersey. La investigación de delitos públicos en Filadelfia produjo evidencia que creo sospechas de comisión de otros delitos por personas que no eran tarjetas en esa investigación.
Es difícil encontrar motivos razonables y fundamentados para que fiscales de carrera en Justicia federal se propusieran usar una investigación con el propósito de intervenir en la política de Puerto Rico. Entre los fiscales federales hay simpatizantes del PNP y del PPD, hay demócratas y republicanos. Lo mismo ocurre con las personas que componen los jurados federales. No veo qué beneficio le reportaría a la Administración Bush el encausamiento de AAV o al Partido Republicano, o a la campaña de McCain si los puertorriqueños no votamos en las elecciones presidenciales, ni elegimos representantes ni senadores al Congreso.
Contrario al mito de que el gobierno del Acevedo Vilá es objeto de persecución por la Administración Bush, hay que recordar que durante la incumbencia de AAV como comisionado residente de Puerto Rico en la Cámara de Representantes en Washington (2001-2004), su jefa política, la gobernadora Sila Ma. Calderón se unió a Dennis Rivera, líder de la Local 1199 SEIU en NYC, para hacer campaña a favor del republicano G. Pataki para la gobernación de NY. Líderes puertorriqueños de la ciudad acusaron, entonces, a Calderón de practicar trucos políticos para favorecer a Bush.
En el 2002 Calderón hizo también campaña para la gobernación de la Florida a favor del republicano Jeb Bush, hermano del Presidente. En estos comicios, la Florida, estado con una gran población puertorriqueña, fue clave en las elecciones presidenciales del 2004. Calderón también apoyó la reelección del republicano Michael Bloomberg a la alcaldía de NYC, hecho que enfureció a muchos líderes puertorriqueños en la ciudad. Por su parte , a la fecha, AAV rehusó apoyar a candidatos demócratas que retaron a Pataki y a Jeb Bush. (“National Union Leaders from Puerto Rico Get Dean to Talk to Acevedo” The PR Herald, 11-14-04) Durante la campaña del 2004 la gobernadora Calderón llegó a sugerir que los hispanos debían votar por Bush y asignó $6 millones del presupuesto insular para una campaña de inscripción electoral de hispanos en precintos donde la inscripición pudiera favorecer a Bush. Dicha campaña fue operada por PRFAA desde sus oficinas en Washington y fue manejada de cerca por el comisionado residente AAV. Contrario a sus expresiones el gobierno republicano de G.W. Bush tiene que agradecerle a la administración Calderón-Acevedo Vilá.
El propósito de la campaña de inscripción electoral de latinos en EEUU financiada por PRFAA fue lograr que Karl Rove, cerebro de la campaña republicana, ejerciera influencia con el Departamento del Tesoro federal a fin de que éste promoviera en el Congreso la exención contributiva para corporaciones de EEUU en Puerto Rico. Durante esta campaña se registró, al menos, un caso de investigación por fraude electoral en Chicago que fue muy discutido en medios de prensa y foros.. (“Suspects Probed In "Massive" Voter-Sign Up Fraud”, Chicago Tribune, 3-12-04, “Fallout from Chicago Voter-Registration Fraud Spreads”, Caribbean Business, 3-18-04)
Calderón y AAV, quienes a la altura de 2003 trabajaban de cerca en el esfuerzo por hacer que el Congreso y el Presidente aprobaran una nueva ley de mantengo corporativo bajo la Sección 956 del Código de Rentas Internas Federal, contratataron al cabildero republicano Charlie Black, miembro del círculo del estratega políticoKarl Rove. Fue gracias al cabildeo de Black, que la administración Calderón-AAV logró detener que Casa Blanca promoviera el asunto del status de la soberanía de Puerto Rico. (Calderon Neutralizes Bush on Puerto Rico’s Status, PR Herald, 4-12-02)
10 comentarios:
Según un análisis que hiciera el abogado Luis Abreu en radio, y si mal no recuerdo, la selectividad consistiría en acusarlo por unos delitos bastante comunes en las políticas estadounidense y puertorriqueña.
Amigo González, también es muy común acusar criminalmente a políticos de EEUU por conducta ilegal y delitos de corrupción que desafortunadamente son cada vez más comunes. La creciente conducta delictiva entre políticos es un asunto que incluyo en otra entrada sobre los mitos de las acusaciones federales contra AAV.
Yo no escuché el análisis del Lcdo. Abreu. Pero creo que aquellos que dicen que el gobernador es víctima de encausamiento selectivo—más allá de evidenciar que están predeterminados a así creerlo—se les ha hecho bastante difícil articular un argumento que fundamente su tesis. Lo que es más, creo que al repetir esa conclusión muchos de los defensores de AAV incurren en constantes contradicciones.
Como bien dices, la conclusión de que el encausamiento selectivo presupone que como cuestión de hecho incurrió en actos ilegales. No es lo mismo decir que lo encausan selectivamente y decir que se trata de una fabricación de casos. De manera que quienes alegan que el procesamiento de AAV es selectivo al menos admiten que sí existe base para, como mínimo, encausar el proceso criminal del que es objeto el gobernador. Ello dista mucho de decir que el gobernador “está limpio” y todo esto son inventos de los federales (argumento que casi nadie se ha atrevido a adoptar).
Por otra parte, quisiera que quienes repiten el argumento de que el encasamento del gobernador es selectivo fueran más precisos e hicieran referencia a los datos que según ellos apoyan esa conclusión. Pero creo que la razón por la que no lo hacen es evidente. En primer lugar, el argumento suena risible en vista de los múltiples casos de corrupción que llevaron las autoridades federales contra miembros del PNP. Y no olvidemos que el ex jefe de los fiscales federales en PR Gillermo Gil Bonar en una ocasión dijo que Partido Nuevo Progresista era el nombre y apellido de la corrupción en PR. Tampoco olvidemos que luego del juicio del caso contra los acusados en el escándalo del Instituto del Sida David Noriega (uno de los fervientes defensores del gobernador) se confundió en un gran abrazo con el fiscal Gil en la entrada al Tribunal Federal por lo que en el pasado endosó el trabajo de las autoridades federales. Por último, hasta muy reciente la prensa en PR reseñaba que la fiscalía federal bajo la actual administración procesó y ganó casos criminales contra allegados al PNP tales como ReneVazquez Botet y Marcos Morell Corrada. Recordemos también que no hace mucho el propio AAV destacaba el gran trabajo de las autoridades federales en contra dela corrupción en PR y rechazaba la posibilidad de que éstas fueran capaces de actuar a base de motivaciones políticas. Ello, de por sí, hace poco creíble la teoría de que la fiscalía federal se dedica a perseguir al PPD.
Por último, cabe preguntarse, ¿en qué se basan los defensores de AAV para concluir que esos delitos los cometen muchos políticos en PR y EEUU? Si es en que existen fallos de culpabilidad por este tipo de crimines, ello de por sí derrota su argumento. Si es en que a ellos les consta que otros políticos han cometido delitos de la misma índole, ¿entonces por que no se querellan formalmente ante las autoridades?
Muchos de los que he oído repetir esa teoría en los medios son políticos activos. ¿Debemos entonces entender que mediante sus expresiones admiten que ellos han cometido delitos de la misma índole? ¿O es que da la casualidad que los políticos que dicen que muchos que estos delitos son comunes entre candidatos a puestos electivos a la vez son los únicos que no han incurrido en este tipo de actos? Hasta donde yo sé ninguno de aquellos que repiten en los medios que estos delitos los cometen muchos políticos ha hecho una admisión de culpa pública ni ha dirigido a las autoridades a la evidencia de la comisión de delitos por parte de algún político. Si todo el fundamento para sustentar su conclusión de que la fiscalía federal ha sido selectiva al acusar al gobernador descansa en alegaciones de “radio bemba” y la creencia generalizada de que todos los político (menos ellos) son corruptos me parece entonces una alegación muy floja que evidencia su desesperación por justificar las acciones de su “darling” político.
@Myrisa:
Tiendo a pensar que lo creciente no es tanto la conducta delictiva, sino más bien la exposición mediática de ésta. El show...
@Z. Teruoc:
No pude oir el análisis completamente. Según recuerdo, no es político/politólogo/politiquero, lo cual da más interés a su punto de vista, a mi entender. Creo que la grabación está online, pero no he podido encontrarla.
Un paréntesis para compartir este artículo:
Behind TV Analysts, Pentagon’s Hidden Hand
González, muy bueno el exposé del NYT. Quería preguntarte, ¿por qué cuando trato de comunicarme a tu blog, el enlace que tienes me lleva al blog personal del Presidente de Irán?
@Myrisa:
Mi blog aún no está listo. Ya tendré la dirección correcta. Gracias.
gonzález—Si es el Luis Abreu que me viene a la mente este sí es una persona abiertamente identificada con el independentismo.
@Z. Teruoc:
Perdona, no veo cómo eso pudiera descalificar su análisis. ¿Por argumento ad hominem?
gonzález—Yo no dije que eso de por sí invalida su opinión… lo que hice fue responder a tu comentario de que el licenciado Abreu ni es político ni es politiquero (y que ello le añade validez a su análisis).
Me parece evidente que para evaluar las expresiones que se hacen a diario como parte de la discusión pública de las acusaciones contra el gobernador sí es importante saber “quién es quien” y el historial de cada “analista.” Es también evidente que un sector del independentismo (Claridad, el NMIH, etc.) ha asumido la defensa pública de AAV, y que el método que de ordinario emplean es el de meramente proferir conclusiones sin respaldarlas con argumentos. Por ejemplo, hoy El Nuevo Día cita a David Noriega—“experto” preferido de los medios puertorriqueños—y sin proveer argumento alguno que respalde tal conclusión afirma que éste
expresó que él cree que “el conflicto que hay ahora mismo ha sido provocado por las autoridades federales”. Parecería ser que para los medios puertorriqueños las conclusiones del sector nacionalista son de por sí suficientes y las explicaciones o fundamentos son un lujo innecesario.
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