¿Por que? Porque ellos lo dicen.

¿Por qué? Porque ellos lo dicen.
¿Se habrá convertido la presidencia de EEUU en una monarquía absoluta refrendada por el proceso electoral... y por el Congreso? (Sobre un editorial del New York Times)

Arte de Mike Harding

Es curioso que durante la campaña pre-presidencial nadie haya preguntado a Clinton o a Obama su posición sobre los límites del poder ejecutivo. El NYT hoy editorializó una vez más sobre los programas de espionaje electrónico de ciudadanos. El NYT ha endosado la candidatura de Hillary Clinton para el ticket demócrata a la presidencia, pero que se sepa no ha publicado información sobre la posición de Clinton respecto a este asunto. Tampoco hemos visto nada en la prensa que apoya al pre-candidato Barack Obama. Nos preguntamos que sin haber los canditatos contraído compromiso público al respecto de la FISA y de los programas de espionaje ejecutivos, ¿nos debemos inclinar a pensar que si uno de ellos llega a la Casa Blanca se comportaran de la misma manera, vulnerando los derechos de expresión y privacidad y haciendo que los ciudadanos de EEUU queden a merced del epionaje oficial? Es sorprendente con la candidez que TODOS los presidentes electos en la era post-Watergate: Carter, Reagan, Bush I, Clinton, Bushito han invocado la autoridad del poder ejecutivo para cometer ACTOS DE LA MISMA NATURALEZA POR LOS QUE TODAVA HOY SE CONSIDERA A LA PRESIDENCIA DE NIXON COMO UNA VERGÜENZA. Todos ellos quedaron en record argumentando que la Constitución autoriza al presidente a mantener en secreto, fuera del escrutinio público, la información sobre espionaje doméstico y TODOS declararon que no cumpliran con la War Powers Resolution de 1973.

En un editorial de este domingo (“Because they say so”), el NYT se manifiesta indignado por el comportamiento del Congreso respecto al futuro de las libertades democráticas y la oferta de inmunidad a los que las violan. El Senado debatió un proyecto de ley que extienden la autoridad presidencia para espiar a la ciudadanía sin una orden judicial y que encubriría el espionaje ilegal ordenado por Bush después del 9/11. Fue el demócrata J. Rockefeller quien llevó la voz cantante para matar las enmiendas que habrían hecho más rigurosas los requisitos de ordenes judiciales y asignarían responsabilidades por los actos ilegales cometidos. Los republicanos hablaron de proteger a los EEUU de los terroristas y nada dijeron de la protección de los derechos ciudadanos.

Luego del 9/11 el presidente decidió ignorar la ley FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act) y autorizar el espionaje de las comunicaciones electrónicas entre ciudadanos de EEUU y extranjeros. Y así durante cuatro años, el presidente violó la obligatoriedad de pedir autorización al tribunal antes de autorizar la interferencia de las comunicaciones de un ciudadano, y, al hacerlo, sustituyó las instrucciones de la ley de autorización judicial por la autorización ejecutiva. La administración de Bush violó también la exigencia de que el Secretario de Justicia informe al Congreso con 30 días de anticipación y haga informes periódicos a la comisiones de inteligencia del Senado y la Cámara. Como se sabe el programa de espionaje afectó sólo a ciudadanos de EEUU y no hubo países o ciudadanos extranjeros afectados.

Usando una justificación amañada, los abogados del gobierno solicitaron a las compañía de comunicaciones acceso a las comunicaciones privadas de sus clientes. Como el Secretario de Justicia le ha dicho al Congreso que no se habrá de investigar a sí mismo, los ciudadanos afectados por la violación de sus derechos optaron por instar demandas civiles contra las compañias de telecomunicaciones que se prestaron a la violación. La defensa de las telecoms, quienes enfrentan 40 pleitos civiles, es que sus acciones estaban protegidas por otra ley que establece las ilegalidad de las demandas civiles cuando una empresa que entrega información de comunicaciones al gobierno, lo ha hecho bajo una orden judicial O HAN RECIBIDO UNA CERTIFICACION DEL SECRETARIO DE JUSTICIA de que tal orden no es necesaria y que se observan los estatutos federales. Pero la Casa Blanca se opone a que las compañías entreguen a los tribunales evidencia a este respecto y han invocado el privilegio de secretividad del estado alegando que se trata de un asunto de securidad nacional, por lo que se niega a confirmar la cooperación de telecoms con el espionaje estatal. Casa Blanca tampoco permite que se revelen documentos al respecto en los tribunales. Se trata del Catch 22 del siglo para poner al poder ejecutivo por encima de la ley.

¡Algunos senadores como J. Rockefeller han propuesto se legisle inmunidad para las compañias de telecom, para que queden protegidas aun cuando la administración nunca admita que éstas participaron en el esquema de violación de derechos ciudadanos! El editorialista del NYT se opone y señala correctamente que el debate no es sobre si los EEUU deben espiar a Al Qaeda, sino sobre si en el proceso de hacerlo destruirá los derechos ciudadanos y los principios de gobierno civil e insta al Senado a votar contra la inmunidad.

Al menos un tribunal de apelaciones ya ha desestimado una demanda para retar el programa de espionaje doméstico de Bush. El 6to circuito de Cincinnatti decidió que los demandantes- un grupo de periodistas, académicos y abogados- no tienen legitimación (standing) para sus reclamos porque no pueden demostrar que hayan sido tarjetas del programa de la Agencia de Seguridad Nacional. La decisión no entró a considerar si el programa de espionaje funcionó con legalidad o si se violaron los derechos de la primera y la cuarta enmiendas de la Constitutución y la ley FISA. Simplemente dice el tribunal que no puede examinarse el asunto porque el gobierno se niega a entregar a los demandantes los documentos con la información de los ciudadanos sometidos a espionaje. ("Court gives Bush win on surveillance")

Mientras tanto el tribuna de FISA, tribunal especial que se reuné en secreto, había emitido opinión en el sentido de que, aún para espiar a un extranjero, la ley vigente obligaba al ejecutivo a obtener una orden judicial, ya que muchas comunicaciones internacionales se tramitan a través de centros en EEUU. ¡Pues para cerrar lo que la administración de Bush llamó una brecha en FISA, el Congreso legisló permitiendo al ejecutivo a proceder al espionaje sin una orden judicial si en ello coinciden el Secretario de Justicia y el director de NSA! O sea que el Congreso cerró la brecha a favor de la secretividad y del privilegio ejecutivo y a favor de una administración que ha violado todos los derechos civiles que las circunstancias le han permitido. (“Congress gives Bush administration more eavesdropping leeway”) Y ahora esto de otorgar inmunidad a las telecomunicadoras. ¡Y eso que los demócratas rescataron el Congreso en las elecciones del 2006! Veremos si la Cámara de Representantes resiste el poder del bully de Casa Blanca y no cede a sus presiones y a la carta del miedo que utiliza desde el 9/11 para abolir derechos ciudadanos.

Sí, en los debates televisados, en los townhall meetings y en Puerto Rico si se ven obligados a venir, a los candidatos demócratas se les debe preguntar si existen límites constitucionales al poder ejecutivo. Pueden ver también este interesante artículo sobre el escándalo de NSA y ATT.

por Z. Teruoc y Myrisa