Honduras: ¿de república bananera a neocolonia de jerzee?
En mayo pasado, Norma Mejía, obrera de la planta Russell Atletic Corp. en Honduras (Jerzees de Honduras) se presentó ante la asamblea de accionistas de la corporación para protestar el cierre patronal de la planta y el despido masivo de trabajadores. Mejía denunció que las prácticas de la gerencia violaban las leyes laborales de Honduras y que por ese motivo los empleados optaron por organizarse en sindicato. La gerencia reaccionó cumpliendo sus amenazas de cerrar la planta y despedir a sus 1,800 trabajadores.
Russell Corp. es parte del portfolio de Berkshire Hathaway- la firma de inversiones de Warren Buffet. Russell produce indumentaria deportiva colegial para las universidades de EEUU. Al ser despedidos, los trabajadores de la planta buscaron ayuda del United Students Against Sweatshops (USAS) y el grupo inició una campaña contra Russell en los recintos universitarios. De primera intención, Russell ofreció reinstalar a los trabajadores pero las negociaciones se interrumpieron por la temeridad de la empresa en cuanto a mínimos ajustes salariales. La campaña por el circuito universitario de EEUU se llevó a cabo con la presencia de los delegados obreros de Honduras. Las primeras universidades en cancelar sus contratos con Russell fueron: Cornell (NY), Purdue (ID), también la University of Miami, University of Wisconsin, Georgetown University ( DC) y Rutgers (NJ). Aunque Penn State (PA) puso a la empresa en probatoria, los estudiantes no aflojan la presión que ha continuado también en recintos universitarios en Montana, California, Indiana, Michigan y Minnesota y otros estados. En febrero el ex-congresista demócrata David Bonior y hoy presidente del American Rights at Work publicó un exposé en el HuffPost. En abril, treinta universidades habían cancelado sus contratos con Russell. USAS mantiene su campaña de denuncia con una carta que pide cuentas directamente a Buffet. Los que quieran participar pueden hacerlo aquí.
Tras el golpe al presidente Manuel Zelaya, el embajador de Honduras en Washington dio a entender que los conflictos laborales en su país y las políticas de Zelaya al respecto tuvieron que ver con la decisión de efectuar el golpe: "What I can say is that the promises Zelaya made are very difficult to keep. He increased salaries without consulting the productive sector which had to pay, and that did not help." Al embajador se le pasó añadir que contra Zelaya obraba el haber despedido al jefe de las fuerzas armadas, un truhán que estuvo preso hace una década por pertenecer a una ganga que se dedicaba al robo de autos en gran escala.
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