¿Existe la “justicia ‘puertorriqueña’”?

¿Existe la “justicia ‘puertorriqueña’”?

El 7 de junio de 2008, mediante un sondeo realizado en su página electrónica, El Nuevo Día formuló a sus lectores la siguiente pregunta: “Con relación al caso de la muerte del empresario canadiense. ¿En quién usted confía más?” De 2540 personas que participaron en el ejercicio, 1771 (69.72%) expresaron confiar en las autoridades federales, mientras que sólo 96 de ellas (3.78%) dijeron confiar en las autoridades locales y 673 (26.5%) expresaron que no confían en el trabajo de ninguna de las dos. Ese es meramente el resultado de un ejercicio de medición informal. Pero ejemplos de ese sentir—provocado por la combinación de múltiples incidencias noticiosas recientes y situaciones que a diario enfrentan los residentes de Puerto Rico—a menudo se manifiesta en las conversaciones de la calle en las que no es raro escuchar a Juan del Pueblo comentar “menos mal que aquí están metíos los ‘Federicos’; ¿te imaginas que pasaría si to’ esos casos se los dejaran a Justicia local y a ‘los azules’?”

El caso de Jonathan Román Rivera es meramente el más reciente de los que ayudan a explicar por qué ese sentir se ha popularizado en Puerto Rico. Además de ese caso, recientemente hemos sido testigos de que han sido las autoridades federales las que se han movido para desarticular el fraude con las licencias otorgadas por el Tribunal Examinador de Médicos y el esquema de fabricación de casos de la Unidad de Drogas de la Policía de Puerto Rico de Mayagüez que reseña el video incluido en este post. A ello le añadimos el hecho de que han sido las autoridades federales las que, ante la inacción del gobierno local, han trabajado los casos de corrupción gubernamental más notorios durante los últimos 20 años—desde el procesamiento múltiples funcionarios de la administración de Pedro Rosselló hasta las acusaciones contra el gobernador Aníbal Acevedo Vilá y allegados a éste. A pesar de que la presencia en Puerto Rico de las autoridades federales y el Tribunal de Distrito de EEUU siempre ha estado presente en el trillado debate sobre el estatus político de nuestro archipiélago, en un momento u otro, partidarios de las tres opciones de estatus tradicionales han elogiado el trabajo realizado por las agencias federales al atacar aparentes violaciones de ley sobre las que autoridades locales se han cruzado de brazos.

Ciertamente, la relación entre las autoridades locales y el aparato de justicia federal así como las razones por las que un amplio sector de la ciudadanía en Puerto Rico parece confiar más en “los federales” que en la Justicia local son temas complejos que no pueden ser atendidos adecuadamente en este espacio. Pero, a mi juicio, el debate que sugiere la pregunta que sirve de título a este post es importante debido a que las “galletas,” macanazos, intervenciones ilegales y fabricaciones de caso de las que a menudo son objeto los residentes de Puerto Rico, en las mayoría de los casos, son cortesía de la Policía de PR, y el fiasco que frecuentemente protagonizan los funcionarios públicos encargados de “hacer justicia” en la jurisdicción local es ya de conocimiento general. Lo que es más, en muchas ocasiones he escuchado a autodenominados “independentistas” o “soberanistas” que se desempeñan como profesionales del Derecho y profesores de esa disciplina decir que es una “realidad lamentable, pero innegable,” que el Tribunal Federal es un foro mucho más receptivo que el local cuando se trata de reclamos de violaciones de derechos civiles cometidos por agentes del orden público estatales. Ello en gran medida debido a que—por mandato de la Séptima Enmienda de la Constitución de EEUU—los reclamos de indemnización de daños y perjuicios en ese tipo casos se dilucidan ante un jurado por lo que esa jurisdicción provee para la participación ciudadana en el proceso de ponerle freno a los excesos de las fuerzas policiacas. Sea cual sea la razón para ello, ya es hora de que el pobre trabajo de los funcionarios de la “justicia” local y los frecuentes abusos de las autoridades locales lleven a los medios puertorriqueños a tratar el tema de si existe tal cosa como “justicia ‘puertorriqueña’” con la importancia que éste requiere.