2008-06-20

¿Existe la “justicia ‘puertorriqueña’”?

¿Existe la “justicia ‘puertorriqueña’”?

El 7 de junio de 2008, mediante un sondeo realizado en su página electrónica, El Nuevo Día formuló a sus lectores la siguiente pregunta: “Con relación al caso de la muerte del empresario canadiense. ¿En quién usted confía más?” De 2540 personas que participaron en el ejercicio, 1771 (69.72%) expresaron confiar en las autoridades federales, mientras que sólo 96 de ellas (3.78%) dijeron confiar en las autoridades locales y 673 (26.5%) expresaron que no confían en el trabajo de ninguna de las dos. Ese es meramente el resultado de un ejercicio de medición informal. Pero ejemplos de ese sentir—provocado por la combinación de múltiples incidencias noticiosas recientes y situaciones que a diario enfrentan los residentes de Puerto Rico—a menudo se manifiesta en las conversaciones de la calle en las que no es raro escuchar a Juan del Pueblo comentar “menos mal que aquí están metíos los ‘Federicos’; ¿te imaginas que pasaría si to’ esos casos se los dejaran a Justicia local y a ‘los azules’?”

El caso de Jonathan Román Rivera es meramente el más reciente de los que ayudan a explicar por qué ese sentir se ha popularizado en Puerto Rico. Además de ese caso, recientemente hemos sido testigos de que han sido las autoridades federales las que se han movido para desarticular el fraude con las licencias otorgadas por el Tribunal Examinador de Médicos y el esquema de fabricación de casos de la Unidad de Drogas de la Policía de Puerto Rico de Mayagüez que reseña el video incluido en este post. A ello le añadimos el hecho de que han sido las autoridades federales las que, ante la inacción del gobierno local, han trabajado los casos de corrupción gubernamental más notorios durante los últimos 20 años—desde el procesamiento múltiples funcionarios de la administración de Pedro Rosselló hasta las acusaciones contra el gobernador Aníbal Acevedo Vilá y allegados a éste. A pesar de que la presencia en Puerto Rico de las autoridades federales y el Tribunal de Distrito de EEUU siempre ha estado presente en el trillado debate sobre el estatus político de nuestro archipiélago, en un momento u otro, partidarios de las tres opciones de estatus tradicionales han elogiado el trabajo realizado por las agencias federales al atacar aparentes violaciones de ley sobre las que autoridades locales se han cruzado de brazos.

Ciertamente, la relación entre las autoridades locales y el aparato de justicia federal así como las razones por las que un amplio sector de la ciudadanía en Puerto Rico parece confiar más en “los federales” que en la Justicia local son temas complejos que no pueden ser atendidos adecuadamente en este espacio. Pero, a mi juicio, el debate que sugiere la pregunta que sirve de título a este post es importante debido a que las “galletas,” macanazos, intervenciones ilegales y fabricaciones de caso de las que a menudo son objeto los residentes de Puerto Rico, en las mayoría de los casos, son cortesía de la Policía de PR, y el fiasco que frecuentemente protagonizan los funcionarios públicos encargados de “hacer justicia” en la jurisdicción local es ya de conocimiento general. Lo que es más, en muchas ocasiones he escuchado a autodenominados “independentistas” o “soberanistas” que se desempeñan como profesionales del Derecho y profesores de esa disciplina decir que es una “realidad lamentable, pero innegable,” que el Tribunal Federal es un foro mucho más receptivo que el local cuando se trata de reclamos de violaciones de derechos civiles cometidos por agentes del orden público estatales. Ello en gran medida debido a que—por mandato de la Séptima Enmienda de la Constitución de EEUU—los reclamos de indemnización de daños y perjuicios en ese tipo casos se dilucidan ante un jurado por lo que esa jurisdicción provee para la participación ciudadana en el proceso de ponerle freno a los excesos de las fuerzas policiacas. Sea cual sea la razón para ello, ya es hora de que el pobre trabajo de los funcionarios de la “justicia” local y los frecuentes abusos de las autoridades locales lleven a los medios puertorriqueños a tratar el tema de si existe tal cosa como “justicia ‘puertorriqueña’” con la importancia que éste requiere.

11 comentarios:

Myrisa dijo...

Por eso molesta tanto cuando tan pronto se quiere mirar algún asunto en Puerto Rico, como ejemplo, el relator de la ONU que vino a raíz de una querella sobre racismo, que salgan personas con acceso a los medios a decir que el problema viene da afuera. Como en el caso citado en que un par de líderes independentistas ofrecieron la explicación de que el racismo aquí es producto del coloniaje de EEUU. Ay bendito. La gente sabe más que eso. Sabe que en Pueto Rico hay fuerzas y sectores autóctonos perfectamente capaces de comportarse con el mayor desdén e insensibilidad hacia el pueblo.

Eugenio dijo...

Creo que esto tiene que ver con lo que Madison escribió en El Federalista No. 10, sobre la existencia de "facciones" que actuan en contra del interés público, y sobre cómo un sistema grande federal puede ser más efectivo para lidiar con ellas. Nuestras "facciones" locales están enfermas de fanatismo, amiguismo y partidismo a todos los niveles, desde la educación hasta la policía....todo se resume a que tan rojo o que tan azul es tal o cual persona, y el que no esté bien conectado en esta honda (sin importar preferencias de estatus) casi es como si no fuera ciudadano.

Myrisa dijo...

eugenio, y si lo que prevalece frente a la justicia y a la administración pública es el faccionalismo de tribus partidista, entonces no hay país, aunque parezca extrema esta observación.

solo joe dijo...

la gente ve lo que quiere ver... o lo que le venden exitosamente.

por supuesto nuestro sistema estatal judicial puede hacer mejor trabajo... pero yo tampoco puedo olvidar el escandolo no muy reciente en los EEUU de las agencias federales acusando a diestra y siniestra a democratas, como intentaron robarselas elecciones aqui en el 2004, filiberto ojeda, el exceso de violencia a los periodistas... guau,un monton mas.

lo que entorpece nuestro gobierno es siempre el tribalismo partidista... si eso mejora, tendremos mejor sistema, no perfecto pero bueno (no hay nada perfecto en esta vida)

Z. Teruoc dijo...

solo joe—Saludos. No es que las agencias policiacas federales no comentan excesos. La forma en que se le dio muerte a Filiberto Ojeda (a pesar de no estar del todo clara) ciertamente sugiere un abuso de autoridad (el que, según alegan algunos, también participaron funcionarios del gobierno de PR). Pero en cuanto a los otros ejemplos que señalas, en ellos mismos puedes ver las deficiencias de nuestro sistema de justicia.

En primer lugar, yo no recuerdo ningunas acusaciones “a diestra y siniestra” contra demócratas, lo que si recuerdo fue la clara intención del Departamento de Justicia de sustituir algunos fiscales por unos que estuvieran dispuestos a presentar casos contra políticos demócratas. Ello sin duda evidencia una intención de “politizar” el uso de poder de procesamiento criminal. Pero también hay que comparar el hecho de que el asunto se hizo público y provocó la renuncia del Secretario de Justicia con la manera en que el sistema local ha trabajado el aparente favoritismo político en señalamientos de corrupción ante nuestro Departamento de Justicia (toqué un tema relacionado en un post anterior, http://paisciego.blogspot.com/2008/05/desaparece-el-derecho-la-informacin-en.html).

En cuanto al incidente con los periodistas también creo que en éste los agentes se excedieron en el uso de fuerza. Pero compara los empujones, uso de “peper spray” y ojos irritados que resultaron de ese incidente con el maceteo y las cabezas rajadas que frecuentemente son el saldo de las intervenciones de la policía estatal. Lo que es más, hoy se anunció que el Primer Circuito resolvió que hay que darle curso a las alegaciones de uso de fuerza ilegal que hicieron esos periodistas a raíz del incidente, cosa que en raras ocasiones hacen los foros locales.

Además creo que—al igual que los hacen muchos políticos—cometes el error de menospreciar la capacidad analítica del ciudadano promedio… A los residentes en PR no hay que “venderle” la idea de que las agencias federales le meten mano a violaciones de ley que las autoridades estatales se niegan a atender; son testigos de ello constantemente (el post contiene ejemplos específicos). A los residentes de PR no hay que “venderle” la idea de que los macanazos y las pescozadas que a diario reciben ellos, sus familiares o vecinos (en especial los dominicanos) en la abrumadora mayoría de los casos son propinados por la policía estatal (y que han tenido que ser las autoridades federales las que le metan mano a las fabricaciones de casos mientras Toledo se limita a mirar como un bobo); sufren y presencian esos golpes y fabricaciones de casos constantemente. A los abogados no le tienen que “vender” la idea de que los foros federales son más receptivos a los reclamos de violaciones de derechos civiles; lo ven en su experiencia profesional diaria (en PR no hay ni derecho a juicio por jurado en ese tipo de demandas). Ello sin contar como la gente a menudo es testigo de cómo la policía estatal y el Departamento de Justicia comete “errores” inaceptables que hacen que se caigan los casos contra peligrosos criminales.

Como dije, la explicación sobre por qué del comportamiento dispar de esas instituciones es un tema más complicado. Pero decir que la percepción de que durante últimas décadas las agencias federales han hecho un trabajo que las autoridades locales se niegan o son incapaces de hacer es producto de una idea “vendida” y no una realidad que Juan del Pueblo vive en carne propia es puro “wishful thinking.”

Anónimo dijo...

Es cierto que hay muchas deficiencias en la justicia en PR, pero en la mayor parte del mundo es muchísimo peor. En Francia tampoco la justicia es ideal, es muy lenta y se cometen muchos fallos, en el sur de Europa es bastante mala en general, sólo en algunos países es eficaz, como Alemania, Suiza, países nórdicos.... En EEUU ya sabemos la cantidad de casos de brutalidad policiaca que hay allí, sin olvidar todas las personas inocentes ejecutadas por el Estado porque le fabricaron la evidencia , así que creo que tenemos demasiado complejo de inferioridad, sepamos relativizar y ver más allá, por todo hay problemas y hay que trabajar muy duro para solucionarlos.

Z. Teruoc dijo...

Anónimo—Saludos. No se trata de exigir que el aparato estatal funcione a perfección… De hecho conozco de múltiples “fallas” en los sistemas de algunos de esos países en los que dices que las agencias el orden son “eficaces.” Pero ello en nada invalida la crítica al sistema local, especialmente en vista de que su deterioro es evidente para la inmensa mayoría de los residentes de PR. Es decir, el hecho de que nuestra policía no sea tan corrupta como, digamos, la griega (que según algunas ONGs es la más corrupta del mundo) no afecta la crítica que yo tenga que hacerle a la de PR. Tampoco he negado que existan casos de brutalidad policiaca en EEUU (aunque te aseguro que mi experiencia con la policía de los estados ha sido bastante más placentera que con la de PR).

Me parece que malentiendes la naturaleza de la comparación que hago en el post. En éste comparo el trabajo de las autoridades federales con el de las autoridades de PR que, en vista de cómo funciona del esquema federalista en el que está insertado el ELA, es lo mismo que comparar el trabajo de la policía de un estado con el que hacen las agencias federales en el territorio de una subdivisión política de esa índole (el ejemplo de la Séptima Enmienda es ilustrativo debido a que, al igual que en PR, ésta no obliga a los estados). Acaso el comportamiento dispar del gobierno federal y el de los estados no yace la historia de la Ley de Derechos Civiles federal y de la doctrina judicial de “incorporación” de los derechos constitucionales federales a los estados. Es decir, la comparación no es PR-EEUU—como parece que entendiste—sino ELA-gobierno federal. Irónicamente, creo que el complejo al que te refieres se manifiesta cuando irreflexivamente asumimos que la crítica al gobierno del ELA así como toda comparación entre el ELA y el gobierno federal equivale a una comparación entre EEUU y Puerto Rico y, por ende, menosprecia a los puertorriqueños.

Claro, en vista de que en PR no se habla de algo sin mezclarlo con el estatus, el argumento de que la ineficiencia nuestro gobierno en hacer justicia es una “ilusión creada por el Imperio” siempre aparece por alguna parte. De ahí la relevancia de mi comentario sobre lo que en muchas ocasiones responden a esa percepción los propios abogados. En fin, aun si en otras partes del mundo el problema es peor, tal y como deben hacer los estados cuando sucede los mismo en sus jurisdicciones, en vista de que en las últimas décadas las autoridades federales han sido más efectivas, corresponde a los administradores del sistema local reflexionar y ver que se puede aprender de las agencias federales en lugar de izar como bandera de identidad nacional el derecho a tener un aparato de justicia mediocre.

Eugenio dijo...

Myrisa

Estoy de acuerdo, extrama es la situación, no la observación.

Teruoc

¿Tienes alguna idea del por qué de estas deficiencias tan generalizadas dentro del sistema local?

Myrisa dijo...

eugenio, teruoc: Voy a adelantar algunas posibles variables que, de alguna manera, pueden haber entrado en la fórmula del deterioro que observamos. No voy a adjudicarles peso relativo, sólo mencionarlas para consideración.
Desde la incepción del ELA al iniciar la Guerra Fría, fue evidente para el PPD- desde el 1940 partido de gobierno- que los nacionalistas y sus afinidades eran el primer estorbo a sus planes de un arreglo de autonomía local en el que los grupos de interés que representaba pudieran encontrar el acomodo buscado frente a las realidades de la posguerra. La creación del Congreso pro Independencia (nutrido en las filas del PPD)- y luego PIP-, el regreso de Albizu en el 1948, la huelga universitaria de la UPR ese año y la existencia de una poderosa central obrera (CPT)significaban un formidable reto al modelo de administración de la colonia que se propuso el PPD. La UPR ofrecía un reto particular como foco de resistencia intelectual al esquema colonial. La estrategia del PPD fue la supresión de estas manifestaciones por vía de la represión. El PPD dividió la CPT (el proceso es muy complejo para discutirlo aquí), sofocó violentamente la huelga universitaria expulsando profesores y estudiantes, aprobó leyes contra la expresión de ideas y la asociación civil (la llamada Mordaza) y arrinconó al Partido Nacionalista hasta la insurrección futil que le permitió meter a su liderato preso y de paso encarcelar al resto de la oposición: PIP, Partido Comunista, etc. Fue bajo estas condiciones que se negoció la ley 600 y se llevó a cabo la constituyente del ELA. En este esquema de supresión de la disidencia, encarcelándola y aterrorizando a la población en general, la Policía jugó un papel destacado en la persecución de independentistas y desafectos al régimen muñocista. El Departamento de Justicia fue otra pieza importante, pues fue a través de la fiscalía local que se instrumentó la supresión de ideas y asociación legislada en la Mordaza. En el tránsito de una sociedad rural a una sociedad urbana, la Policía tuvo como tarea principal la persecución política, en lugar de su desarrollo como cuerpo de seguridad pública afín con la nueva realidad urbana. La policía recibió una nueva dosis de politización y de inmunidad criminal en los 60s bajo Cointelpro cuando se le dio mayor autoridad y recursos para el espionaje, hostigamiento y persecución de ciudadanos, coartándole sus derechos civiles con el pretexto de combatir la "amenaza comunista". Una policía que tuvo toda esta laxitud se desarrolló creyendo que su autoridad no tiene límite ni cuestionamiento. Y así opera. En los 80s recordamos los asesinatos del Cerro Maravilla y los escuadrones de la muerte y pillaje del nefasto NIC recogidos en la crónica novelada por el periodista J.R. Reguero en "Alejo y los niños de sangre azul". El asunto se ha ido complicando pues conforme el modelo de control colonial del ELA dejó de ser capaz de proveer mecanismos de persuasión a una parte cada vez mayor de la población (empleos y movilidad social), las opciones con que ésta cuenta son mínimas. En estas condiciones prosperan las actividades delictivas o ilegales (no siempre ilegítimas o cuya prohibición persiga un fin público legítimo) y la policía es un factor importante del aparato estatal para mantener a raya a quienes pueden sentir mayor inconformidad y sean más vulnerables (comunidades pobres, inmigrantes, sindicalistas, estudiantes, ambientalistas). Estos sectores se han convertido en el dominio de una policía corrupta sin temor a supervisión efectiva porque sus ejecutorias delictivas no amenazan el funcionamiento de la oligarquía local (fíjense como los casos de corrupción en las altas esferas financieras y políticas sólo vienen de la esfera federal), por el contrario la policía aunque corrupta es necesaria para mantener el "orden social" garante de su papel favorecido en la colonia.

Ivonne Acosta Lespier dijo...

Myrisa: creo que este comentario en tu propio blog merece ser colocado como post por su importancia. Haces un recuento histórico excelente de lo ocurrido en la Policía de Puerto Rico y debe leerse y promoverse. Si lo dejas acá ni se lee ni se promueve..

Z. Teruoc dijo...

El Nuevo Día hoy publica una nota en la que reporta sobre nuevos eventos relevantes al importante debate sobre este tema… (Véase Caen otros seis por fabricación de casos, http://www.elnuevodia.com/diario/noticia/puertoricohoy/noticias/caen_otros_seis_por_fabricacion_de_casos/422511).